Exgerente de Educación de La Libertad continuará en prisión
Juzgado rechaza pedido de cese de prisión preventiva para Rafael Moya, quien es acusado de integrar mafia de títulos falsos.
El magistrado del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Eduardo Medina Carrasco, declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa del acusado Rafael Moya Rondo, exgerente regional de Educación.
En ese sentido, se mantendrá vigente la medida de prisión preventiva dictada en contra de Moya Rondo, quien es acusado de integrar una mafia dedicada a la falsificación de títulos de los institutos superiores tecnológicos Alexander Fleming y Luis Pasteur.
Durante el debate el abogado del exfuncionario, César Alva Florián, explicó que existen dos informes médicos correspondientes al 18 de abril de 2020 y al 20 de abril de 2020, en los cuales se advierten que su patrocinado tiene hipertensión y obesidad mórbida, situación que agraviaría su condición ante el riesgo de contagio del coronavirus.
Por otro lado, indicó que se debe tener en cuenta todas las medidas adoptadas por el gobierno central como el toque de queda, el cierre de fronteras y la prohibición de la libre reunión; situaciones que no permitirían que su patrocinado pudiera escapar de la justicia; sin embargo este argumento fue refutado por el representante del Ministerio Público.
Pese a lo expuesto por el abogado, el magistrado dispuso mantener en vigencia la medida de prisión preventiva dictada, y –en su resolución- exhortó al director de “El Milagro” a que adopte las medidas de precaución para garantizar la salud del referido imputado dentro del penal. Ante lo manifestado al término de la audiencia, el abogado indicó que apelará a fin de conseguir el cese de prisión preventiva para Moya Rondo.
Antecedente
Como se recuerda, el exgerente fue capturado la madrugada del pasado 27 de febrero junto a 15 funcionarios más, acusados por cometer los presuntos delitos contra la fe pública, contra la administración pública, organización criminal, falsificación de documentos y cohecho pasivo propio en agravio del Estado, entre otros, por el caso de títulos falsos de institutos superiores.
