Defensoría: más de 15 000 reos son población de riesgo por crisis sanitaria en penales

Estado de emergencia | El presidente del Gobierno, Martín Vizcarra, anunció que se destinaron 10 millones de soles para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el fin de mitigar las deficiencias de la población carcelaria que vive en el hacinamiento y está propensa al contagio del COVID-19.

Según la Defensoría del Pueblo, dicho presupuesto es insuficiente para poder atender la crisis sanitaria que vive el sistema penitenciario, desde antes de la llegada del coronavirus, y que ahora se ve agudizada por la amenaza inminente a una población privada de su libertad, que vive sobrepoblada y sin insumo básicos de higiene.

“El sistema de salud penitenciario está en crisis: no tienen médicos, no tienen especialistas, faltan ambulancias. Antes de este virus, ya era incapaz de atender a la población privada de su libertad, pero ahora es peor. Por eso tenemos justas razones para decir que ese propuesto es insuficiente”, señaló a La República Percy Castillo, adjunto en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Población de riesgo en los penales

Actualmente, los 68 penales del territorio nacional albergan a más de 96 000 presos, de los cuales 11 536 presentan males crónicos como tuberculosis, VIH-SIDA, diabetes, hipertensión arterial y cáncer, enfermedades que los vuelven propensos a contraer el nuevo COVID-19.

Según información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las personas mayores a 60 años llegan a 4800. Lamentablemente, esta población no puede ser aislada debido a la crítica condición de los penales, los cuales no cuentan con espacios ni insumos que atiendan a este grupo vulnerable.

“En el penal se replica lo que sucede en la sociedad. Hay gran población que sufre enfermedades crónicas y adultos mayores. Sin embargo, no hay dónde aislar adentro y tienen que convivir con los demás reclusos. No hay espacios para aislarlos”, sentenció Castillo.

Crisis sanitaria en los penales

La crisis sanitaria en los penales se evidencia de muchas maneras: en todo el Perú, el INPE solo cuenta con 64 médicos para los 68 penales, por lo tanto, hay establecimientos que no cuentan con ninguno y se sostienen con personal asistencial.

Tampoco tienen acceso al agua de manera constante. Los internos acceden al agua por horas y en ese tiempo tienen que almacenar cierta cantidad para poder lavarse y utilizarlo en sus alimentos.

Hay que tener en cuenta que los materiales de aseo son comprados por los propios internos y la alimentación es complementada con lo que les traen sus familiares por medio de las visitas, las cuales han sido restringidas en los últimos días y la situación dentro de los penales se vuelve más crítica con el pasar de las horas.

Acciones urgente

Según Percy Castillo, adjunto de la Defensoría del Pueblo, el presupuesto extra que está entregando el Gobierno al INPE debe ser destinado para mejorar el saneamiento, la compra de insumo de limpieza, y la aplicación de un programa de atención especial a adultos mayores y con enfermedades crónicas.

También será importante la creación de un espacio de atención para la revisión médica de los internos. Se deberá contratar más personal de salud especializada.

"Mejorar la higiene, dotar mayor personal de salud que les permita atender a más cantidad de reclusos. También se debe comprar insumos de limpieza y generar un programa de atención especial a adultos mayores y con enfermedades crónicas de reclusos”, indicó.