Conoce el proceso penal para los denunciados por desacatar el estado de emergencia [VIDEO]
Quienes son detenidos en flagrancia por no acatar cuarentena incluso tendrán antecedentes policiales, judiciales y penales. Intervenidos serán denunciados por el delito de violación de medidas sanitarias y su caso puede resolverse en 48 horas.
- Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial
- Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones
Desde que empezó el estado de emergencia, centenares de ciudadanos fueron detenidos por la Policía y Fuerzas Armadas por desacatar el aislamiento social y el toque de queda, dispuesto para evitar la propagación del coronavirus en el país. Pero, qué proceso sigue luego de la intervención para concluir con una sanción.
El abogado penalista Javier Cornejo, explicó que el vulnerar estas medidas configura como el delito de violación de medidas sanitarias, correspondiendo una pena de prisión de 6 meses a 3 años. En caso de resistencia durante la intervención, se sumaría el delito de desobediencia a la autoridad, que significa una sanción de 3 a 6 años.
TE RECOMENDAMOS
BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Entonces, se pueden presentar dos escenarios. El primero es el proceso inmediato, este se da en caso de flagrancia, el detenido confiesa o existen suficientes pruebas. El segundo es que el ciudadano no reconoce el delito.
La Policía tiene 24 horas para la detención, vencido este plazo el fiscal pide al juez de investigación preparatoria iniciar el proceso inmediato. Una vez que el magistrado recibe el requerimiento, tiene 48 horas para generar la audiencia única, donde se emite el fallo.
Si el investigado no acepta la responsabilidad, se envía el expediente al juez de juzgamiento para realizar la audiencia de juicio de proceso inmediato en plazo máximo de 72 horas, donde se emitirá la sanción.
Antecedentes
También se generarán los antecedentes judiciales, policiales y penales. Sin embargo, si ambas partes (defensa del investigado y fiscal) acuerdan someterse a una reserva de fallo y el juez lo aprueba, no será dará este caso.
El investigado también podría pagar una reparación civil, si el Ministerio de Salud o la Presidencia del Consejo de Ministros se hace parte del proceso como agraviado.
