Fiscalía no pudo probar ningún delito contra 10 exdirigentes de Cusco
Fallo judicial. Jueces concluyeron que fiscales no pudieron probar coautoría de campesinos en disturbios en caso Anabi.
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José Víctor Salcedo
Ocho años después de iniciada la denuncia penal por siete delitos, diez exdirigentes de la provincia de Chumbivilcas fueron absueltos.
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La noche del lunes, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cusco decidió absolver a Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Ataucuri Chávez y Samuel Acero Hurtado. También a Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.
El exfiscal de Chumbivilcas, William Mori, había pedido 35 años de prisión para cada uno de los acusados y una reparación civil de casi US$ 3 millones (para la minera) y S/ 231 mil (pobladores, Estado y sociedad). Mori fue reemplazado por la fiscal Noemí Ramos, quien sustentó la acusación. Luego fue cesada y reemplazada por el fiscal Américo Laura Aguilar. Ninguno pudo probar, según los jueces, los siete delitos atribuidos a los exdirigentes. Es decir, no hay evidencias que demuestren que los líderes campesinos fueron los autores de secuestro, violación de domicilio por penetrar en negocio ajeno, robo agravado, destrucción de bienes muebles e inmuebles, contra medios de transporte, contra el normal funcionamiento del transporte público, y disturbios.
Argumentos de sentencia
La presidenta del colegiado, Lizbeth Yépez, sostuvo que “los hechos narrados en la acusación fiscal como el secuestro de los trabajadores de la empresas mineras, la sustracción de bienes, perjuicio en las zonas alternativas de los puentes de acceso a Llusco, han sido relatados en forma incongruente en la acusación”.
Asimismo, el fiscal debió precisar si había dolo eventual o directo. “No se encuentra que exista una sola acta en la que los dirigentes hayan acordado tomar por asalto, robar, secuestrar o interferir”, dijo.
La jueza señaló también que si bien se probó que hubo disturbios, incendio del campamento, entre otros, la Fiscalía no probó quiénes fueron los autores. “Hace prever a este colegiado que existe duda razonable para condenar. Duda razonable que no involucra una inocencia en los imputados, sino que hay una responsabilidad que no se ha sido acreditada en juicio”.
La jueza decidió enviar al Órgano de Control Interno de la Fiscalía la acusación para que los fiscales sean investigados.
Proceso judicial venía desde 2012
Entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012, la población de la provincia de Chumbivilcas inició una huelga para exigir el retiro de la empresa minera Anabi, que tenía una mina en explotación en la comunidad de Pumallacta, distrito de Quiñota. Temían la contaminación del río Molino en la cuenca del Yaramayo.
Aquellos días hubo movilizaciones, bloqueos, soldadura de puentes, retención de vehículos mineros y un incendio del campamento de Anabi.
A raíz de esos hechos, las empresas afectadas denunciaron a los entonces dirigentes campesinos del Cusco.
