En 2019 se perpetraron 168 feminicidios: una mirada a la situación de los asesinos

Estos criminales acuchillaron, balearon, envenenaron, quemaron y golpearon hasta la muerte a sus víctimas. También hubo casos de mujeres asesinadas frente a sus niños y algunos de ellos, incluso, fueron ultimados junto a sus madres al intentar defenderlas.

Es la violencia feminicida con la que Ananías Jesús Ríos Vera, Enrique Ramos Laurencio, Christian Alberto Sánchez Coico y otros 35 sujetos asesinaron a sus parejas, exparejas y madres de sus hijos, y luego huyeron. Son 38 hombres que andan por ahí, ocultos, esperando, quizá, atacar a otras mujeres.

Entre ellos se halla Wilmer Salas Pisco, de 18 años, quien envenenó a Marleni Medina Avilés. A pesar de que ella era la madre de su bebé de 7 meses, la retuvo secuestrada y agonizante durante 12 días en una vivienda de Huánuco mientras el veneno la mataba lentamente. Este feminicidio ocurrió en enero, y un año después no hay rastros de Salas, sigue prófugo.

A pesar de este panorama desolador, apenas uno de este grupo de feminicidas prófugos se encuentra en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). Se trata de Christian Alberto Sánchez Coico (24), quien mató de varios disparos a Ruth Puertas (27) y dejó a su hija pequeña en la orfandad.

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), hasta noviembre se perpetraron 154 feminicidios, mientras que el año cerró con 168 de estos crímenes, según los reportes recogidos de los Centros de Emergencia Mujer.

Las cifras de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que solo en diciembre la violencia machista dejó otras 16 víctimas.

“Tenemos el mensaje de que puedo cometer este hecho y a mí no me va a pasar nada. Puedo darme el lujo de estar atemorizando a los familiares, pues tenemos casos que denuncian amenazas. Todos estos crímenes dejan víctimas indefensas, puede ocurrir el caso de que puedan venir y llevarse a los hijos, pueden sacarlos del entorno, de los familiares que ahora los protegen”, señala Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Esta realidad “transmite una sensación de impunidad y desamparo; de que no se puede hacer nada ante esta situación”, añade.

Impunidad, suicidio y búsqueda de justicia: situación de los asesinos

Durante 2019 hubo 16 casos de feminicidas que no quisieron enfrentar a la justicia y optaron por el suicidio. Es el caso de Pepe Ubaldo Salinas Mendoza (41), quien mató a golpes a Martina Cruz Haro, la madre de sus hijos, para luego ingerir un veneno y morir.

Y claro, no faltaron los casos donde la esperanza de castigar a los feminicidas parece diluirse pues los operadores de justicia no lograron identificarlos. No hubo culpables ni investigados, a pesar de que las familias, en algunos casos, señalaron a los posibles culpables. Nadie respondió por 25 feminicidios que están hasta ahora impunes.

Y a pesar del ensañamiento con el que se perpetran estos crímenes de odio, hay 10 investigados por feminicidio que llevan sus procesos en libertad, pues solo tienen orden de comparecencia restringida.

Es el caso del presunto feminicida de Brenda Ivette Martínez Talavera (29), desaparecida en junio. Ya en octubre hallaron el cráneo y el maxilar inferior de la víctima, abandonados en un paraje desolado de Uchumayo, Arequipa.

Ella había sido ahorcada, quemada y descuartizada. Hasta ahora no logran sepultarla. Sus familiares sospechan de un sujeto conocido como Jimy Ríos, pero él continúa en libertad.

Otros en cambio sí fueron capturados y hasta la fecha 78 se hallan cumpliendo prisión preventiva y hay solo dos con sentencia firme.

Según explica la abogada especialista en género, Jennie Dador, en el caso de asesinatos de mujeres, el Estado tiene una obligación reforzada porque tiene doble responsabilidad: el deber de investigar, pero con perspectiva de género, y la debida diligencia, que garantizaría que haya más procesados por este delito.

Aun así, las familias de las asesinadas denuncian lentitud e indiferencia, pues los procesos judiciales son largos y extenuantes. Y hasta la fecha solo hay dos sentenciados a 30 y 22 años de cárcel -apenas el 1.2% de crímenes- en un país en el que la violencia machista se exacerba año tras año.