APR dejó de funcionar tras renuncia de Jorge Nakazaki por falta de presupuesto
Terminal marítimo. La anulación de recursos para el 2020 originó esta situación.
La República en GoogleYsela Vega Huayambal
La Autoridad Portuaria Regional (APR) Lambayeque dejó de operar tras seis años de funcionar con el objetivo de promocionar el terminal marítimo de Puerto Eten. Esta situación se originó luego de la renuncia del gerente general Jorge Nakazaki Servigón, quien en diálogo con La República afirmó que tomó esa decisión al anularse el presupuesto que recibía del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).
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Los cuestionamientos respecto a los resultados de la APR por parte del gobernador regional Anselmo Lozano Centurión han sido constantes al considerar que no se logró formalizar la iniciativa privada ni el saneamiento físico legal del área de influencia para ejecutar este megaproyecto regional.
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A inicios de este año, Lozano anunció que no desembolsará el presupuesto de 329 mil 251 soles que la Autoridad Portuaria recibió hasta el 2019.
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Este anuncio conllevó a que Nakazaki Servigón renuncie de manera irrevocable el 14 de este mes a la gerencia general de la APR. Su decisión la comunicó a los miembros del directorio que conforma Ricardo Guimaray, Olivio Huancaruna y Humberto Acuña.
Junto a Nakazaki renunciaron nueve trabajadores. “Ya renuncié, no hay personal, ya no hay Autoridad Portuaria porque no hay presupuesto para este año, tal es así que no se pudo renovar contrato este año”, enfatizó.
Agregó además que “una institución sin presupuesto no puede funcionar y no opinaré si esta medida afectará al terminal marítimo”.
Respuesta
A su turno, Anselmo Lozano afirmó que la Autoridad Portuaria no volverá a operar, en razón que la promoción del terminal portuario es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Es lo mejor que pudo suceder. No hay un registro que evidencie logros de la APR. Creo que se desembolsó dinero sin tener la consolidación del proyecto”, afirmó y añadió que realiza gestiones para que el Ejecutivo sea célere en el procedimiento para la inversión estatal.
