Tía María, los pobladores y las abogadas

En el programa Cuarto Poder el día domingo Sol Carreño interpretó las palabras de la ministra Fabiola Muñoz sobre el caso Tía María afirmando que “en un país no hay dos planos, solo hay uno: el respeto del derecho”. Si nos damos un par de vueltas por la realidad –La Rinconada en Puno, Mazuko en Madre de Dios, Las Lomas en Piura, el Cerro El Toro en Huamachuco–podemos entender que el derecho no es lo que se respeta dentro del gran ámbito de la minería “formal a medias”; pero si nos damos una vuelta por el Corredor Minero, todas grandes empresas sumamente formales, nos enteramos de que Las Bambas no cumple con lo que le prometió a la población en el mismo EIA, y llena de polvo sus casas, animales y sembríos con la circulación ida y vuelta de sus 200 camiones.

Y si penetramos un poco en la maraña de normas, reglamentos ambientales y procesos burocráticos podríamos afirmar que hay un derecho para las grandes empresas –el que pueden moldear sus abogados con recursos de todo tipo y amparos en lugares remotos– y el otro derecho que se impone a la población y que consiste en criminalizarla, recortar sus posibilidades de reclamo, imponer Estados de Emergencia de meses, desprotegerla de la contaminación por metales pesados o, incluso, denunciar a sus abogados cuando muestran un certificado de defunción por plomo en la sangre. ¡Ese es el derecho en el Perú!

No hablemos del derecho como si fuera la norma que reconoce en todos los peruanos la misma ciudadanía. No es verdad. Fabiola Muñoz y Sol Carreño, ambas abogadas egresadas de la PUCP, sostienen que la empresa debe de “explicarles a los pobladores” los detalles técnicos que evitarán perjudicar a la agricultura. ¡Por favor, ¿creen que la “población” no lo sabe?! Lo saben mucho mejor que todas nosotras y saben perfectamente que el Grupo México en su país de origen ha perjudicado a miles de campesinos con sus artimañas para no cumplir las normas. Y saben que el Grupo México insiste sobre los cadáveres de siete personas y las tretas de Filosofexx y otros policías para incriminar a la población. Y saben que, en Cajamarca, los ríos están contaminados por minería y que solo en Hualgayoc hay 1080 pasivos ambientales imposibles de mitigar en menos de 85 años.

No, el pueblo no es ignorante, los funcionarios son soberbios.