Jicamarca: denuncian complot entre autoridades y traficantes para usurpar terreno

Jaime Mallma Cerda de 45 años denunció que un sujeto con antecedentes por usurpación y tráfico de terrenos, se apropió de su predio en el Anexo 8 de la localidad de Jicamarca, en Lurigancho-Chosica.

El pasado 12 de octubre, cuando llegó a su terreno en la zona Divino Señor, ubicado en el sector Las Lomas-Cerro Camote, vio que tres mujeres se negaron a irse de su predio. Contó que cuando denunció este hecho ante las autoridades se enteró que lo habían denunciado hace un mes por el delito de usurpación de propiedades.

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“Es un terreno de 33 hectáreas, que compré a la misma comunidad campesina. Yo tengo todos mis documentos en regla, pero ese hombre llamado Walter Yangali de la Peña, que es un traficante de tierras, me ha botado de mi propiedad y está confabulado con la alcaldesa y el comisario de San Antonio, Huarochirí. Él ha mandado a esas mujeres para que tomen posesión", denunció.

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Él y su esposa fueron detenidos pese a que tenían sus documentos en regla porque Yangali lo había denunciado, hecho que le hace sospechar de que existe un complot contra él.

“Cómo es posible, yo soy el agraviado y la señora Marisol Ordoñez Gutiérrez (alcaldesa del distrito de San Antonio), manda a su serenazgo y estos a su vez llaman a los hombres de Yangali para que me retiren. He estado detenido en un calabozo tres días, con mi esposa y con mis hermanos. No es justo, yo voy a reclamar mi propiedad y termino enmarrocado como un delincuente. Ahora debo estar escondido por las amenazas”, agrega.

Mallma, señala además que la alcaldesa en mención y el comisario del distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, no tienen ninguna competencia sobre su predio, puesto que éste se ubica en la jurisdicción de Lurigancho-Chosica, provincia de Lima. Esto, lo sustenta con un certificado de jurisdicción, al igual que otros documentos que lo avalan como propietario.

Como es conocido, la comunidad de Jicamarca tiene un grave problema de jurisdicción desde el año 2010, cuando sus anexos 8 y 22 fueron declarados ilegalmente parte de la provincia de Huarochirí. Ambos anexos pertenecían a los distritos de Lurigancho-Chosica y San Juan de Lurigancho, respectivamente.

“Aquí hay un complot entre la alcaldesa, el comisario y Walter Yangali, ellos hacen de las suyas, invaden, viven de eso. Yo compré ese terreno para criar mis animales, sembrar mis plantas y vivir en paz con mi familia. Todo lo invertí ahí y no me lo pueden robar así. Lo único que pido es que las autoridades me escuchen, a mí y a muchas otras personas que han sido afectadas por esta mafia y han sido desalojados ilegalmente”, invoca Mallma.

La alcaldesa Ordoñez desmintió esta acusación en entrevista con La República. Dijo que su función como alcaldesa no es solucionar los problemas de tráfico de terrenos, sino construir lozas, parques y asegurar el servicio de agua y saneamiento.

“No tengo nada que ver. Yo estaba yendo por ahí con mi personal de maestrado cuando vimos que había una trifulca. Paramos el carro y nos dimos cuenta que dos o tres personas se peleaban por un terreno. Ninguna de ellas tenía el documento de propiedad. Los serenos no pueden intervenir. Si han intervenido habrán sido los policías. Ese tema lo deben ver por la vía judicial”, aseguró.