Investigarán a gobernador del Cusco
Fiscalía. Dos aportantes de su campaña electoral en 2018 se volvieron proveedores de Gobierno Regional. Jean Paul Benavente precisó que no tiene injerencia en la contratación de bienes y servicios.
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José Víctor Salcedo
Cusco. El segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco abrió investigación preliminar al gobernador regional Jean Paul Benavente García, los proveedores Guinetta Yábar Herrera y Alberto Ugarte Huamán y a quienes resulten responsables. Los presuntos delitos atribuidos son colusión y alternativamente negociación incompatible.
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Es la primera denuncia en contra de Benavente como gobernador del Cusco. La interpuso la procuradora anticorrupción del Cusco, Fanny Molina Villena, en base a la información divulgada por el portal Ojo Público sobre que Yábar y Ugarte aportaron a la campaña de Benavente en 2018 y ahora son proveedores de la administración regional.
La militante acciopopulista Yabar Herrera registra un aporte de S/ 280 en especies y, en la presente gestión, se le adjudicó un contrato por S/ 6 000 por servicios no detallados. En tanto, Ugarte Huamán donó para la campaña de Benavente 16 pancartas valorizadas en S/ 2 000. Entre marzo y mayo de este año, contrató con la Región por S/100 000 por la adquisición de implementos de seguridad personal, materiales de construcción e instalación de sistemas de aspersión.
“Se tiene que el denunciado y los responsables, aprovechándose de las atribuciones conferidas a los cargos que ocupaban, concertaron con los proveedores con la finalidad de defraudar al Estado”, se señala en el documento fiscal.
Según la fiscalía, los hechos incriminados a los denunciados “tienen apariencia delictiva. Eso acredita una investigación preliminar para determinar o deslindar la materialidad del delito denunciado”.
Por su parte, el gobernador Benavente precisó que no tiene injerencia en la contratación de bienes y servicios. “Eso corresponde a la Gerencia General, Dirección Regional de Administración, y Oficina de Adquisiciones”.
Añadió que dispondrá que la información sea de interés público, “de esta manera demostrar que no se tiene nada que ocultar, y que si existiera alguna irregularidad, se debe sancionar a los responsables”.
