Suspenden a la jueza que vio el caso Las Bambas en Apurímac
Apurímac. Dos magistrados, sancionados por patrocinio ilegal, obstrucción y retardo de la justicia. Uno de ellos es Patricia Valenza.
- Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta, ¿desde cuándo?
- ¡Atención! Inició jornada de vacunación del Minsa: campaña se extenderá hasta el 3 de mayo
Luis Álvarez
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) suspendió provisionalmente a dos magistrados de la provincia de Cotabambas, que pertenecen a la Corte Superior de Apurímac. Una de las sanciones recae en la jueza Patricia Valenza Olivera, quien tuvo a su cargo la resolución de pedidos de prisión preventiva en el caso de extorsión a Las Bambas.
TE RECOMENDAMOS
¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
De acuerdo a una de las resoluciones, durante investigaciones disciplinarias que se hicieron a Valenza —titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas—, se hallaron ocho documentos ajenos a la función jurisdiccional en su equipo de cómputo. Habrían sido redactados por la magistrada y presentados en otros procesos judiciales, cuando está prohibido por ley asesorar a cualquiera de las partes procesales.
La referida magistrada, en abril último, dictó 36 meses de prisión preventiva contra los exasesores de la comunidad de Fuerabamba, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, investigados por el delito de extorsión contra el proyecto minero Las Bambas. Decisión que fue apelada y revocada.
El otro de los castigados es el titular del juzgado mixto y a la vez juez unipersonal penal de Cotabambas, Andrés Abelino Flores Aguilar. Presuntamente, habría redactado y archivado una denuncia penal en el equipo de cómputo que el Poder Judicial asignó a su despacho. En ese caso, un querellante solicitaba una reparación civil de 100 mil soles, denuncia penal que se presentó en su misma oficina.
En otro proceso, tampoco habría cumplido con dar lectura íntegra a una sentencia en la fecha indicada, postergándola más de tres meses.
Las suspensiones durarán mientras avancen las investigaciones y se decida si los absuelven o no.
