Pedro Castillo: denuncia por traición a la patria avanzaría, pese a no tener argumentos sólidos

Las marchas en las calles, las dos mociones de vacancia y las invocaciones de renuncia no surtieron efecto —a un año y cuatro meses de gestión— por lo que el presidente de la República, Pedro Castillo, aún permanece en el cargo. Ante este panorama, la oposición viene cuidando a detalle el proceso que sigue la denuncia por traición a la patria contra el jefe de Estado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC), la cual podría culminar con la destitución del mandatario.

Este lunes 7 de noviembre, el parlamentario Diego Bazán —encargado del caso, en reemplazo de Wilson Soto— inició con la presentación del informe final que recomienda sancionar al jefe de Estado con una inhabilitación de la función pública por 5 años por la vulneración de los 32, 54, 110 y 118 de la Constitución Política del Perú, al presuntamente haber cometido una traición a la patria.

¿El motivo? La presunta infracción constitucional se planteó como consecuencia de la entrevista que concedió Pedro Castillo —en enero del 2022— a la cadena internacional CNN, en la que expresó que le consultaría al pueblo sobre la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia. Esto fue aclarado por el entonces canciller Óscar Maúrtua ante el Pleno, al descartar que desde el Gobierno se tuviese pensando gestionar alguna política al respecto.

En diálogo con La República, el analista político Roger Santa Cruz calificó de “endebles” los argumentos que sustentan la denuncia constitucional contra el jefe de Estado. Recordó que ya existen pronunciamientos de juristas al respecto sobre el tema y que advierten que no existen fundamentos de peso para que prospere la destitución del mandatario a propuesta de la SAC.

“Fueron unas declaraciones desafortunadas, pero que no ameritan una acusación constitucional. Se está extrapolando los comentarios del presidente tratando de acomodar jurídicamente una estrategia que termine con la salida de Pedro Castillo del cargo. Son un conjunto de acciones las que se están adoptando desde la oposición y ejecutando en paralelo. Una de ellas es la denuncia por traición a la patria y también lo han intentado por incapacidad moral, hay quienes han pedido la renuncia y las marchas tampoco son un evento aislado”, declaró a este medio.

Entre los argumentos expuestos por Diego Bazán ante la SAC, este lunes 7, es que Pedro Castillo habría vulnerado el artículo 32 de la Carta Magna que indica que no se puede someter a referéndum los límites de territorio nacional, al señalar que una declaración del mandatario no es solo una opinión, sino que constituye un acto jurídico. También se cita al artículo 110, que da cuenta que el presidente de la República personifica a la Nación y que este no habría demostrado que fue efectivamente la población la que le expresó la necesidad de consultar por una salida al mar para Bolivia.

Informe final lograría ir a la Comisión Permanente

El informe final que recomienda la inhabilitación del presidente para la función pública por 5 años lograría reunir los consensos para ser derivada a la Comisión Permanente, quedando a un paso de su debate en el Pleno. Para que esto ocurra, las fuerzas de oposición que integran la SAC no necesitan argumentos, sino votos que respalden la denuncia por traición a la patria. La salida de los tres legisladores sindicados como parte de Los Niños sería un paso hacia ese consenso.

Este lunes 7, los acciopopulistas Darwin Espinoza, Jorge Flores e Ilich López quedaron relegados de la SAC al ser investigados por el Ministerio Público. En su reemplazo fueron elegidos Wilson Soto, Luis Aragón, y José Arriola; todos ellos con un perfil más crítico hacia el Gobierno. Tres votos de AP que serán decisivos si se suman a los de Fuerza Popular (5), Alianza para el Progreso (2), Avanza País (2), Renovación Popular (2), de un total de 25 miembros.

La votación se realizaría entre el martes 8 o miércoles 9, pero antes la Comisión Permanente evaluaría el caso los parlamentarios Waldemar Cerrón (Perú Libre), Óscar Zea (Podemos Perú), Martha Moyano (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Avanza País) y Rocío Torres (APP); quienes cuentan con procesos judiciales por resolver. Según el artículo 20 del reglamento del Congreso, los parlamentarios en esta situación no pueden integrar la SAC y tampoco la Comisión de Ética. Por ello, este martes 8 de noviembre, por la mañana, analizarían sus cambios.

En esta línea, Roger Santa Cruz explica que la permanencia de estos legisladores en la SAC afectaría la decisión que adopte la Subcomisión frente a la denuncia por traición a la patria: “Definitivamente, afecta que congresistas que están siendo procesados puedan formar parte de este juicio político que se va a hacer del presidente de la República, básicamente porque verían comprometidos los intereses propios y de sus bancadas al respecto”.