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Política

Detención de financistas de Pedro Castillo complican su situación jurídica

El Decreto de Urgencia 102-2021 que firmó el jefe de Estado el 29 de octubre de 2021, autorizó fondos por cerca de 70 millones de soles para 20 obras públicas que escogieron sus amigos empresarios.

Pedro Castillo y sus financistas. Foto: Composición LR
Pedro Castillo y sus financistas. Foto: Composición LR

Con la orden de detención de Salatiel Marrufo Alcántara, Abel Cabrera Fernández y Segundo Sánchez Sánchez, quienes se suman al encarcelado alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, son cuatro los financistas de la campaña presidencial de Pedro Castillo implicados en un esquema de corrupción que se benefició con la repartija de obras públicas del Ministerio de Vivienda y Construcción.

El juez Víctor Zúñiga Urday dispuso la captura de los financistas de Pedro Castillo, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, acreditó que el jefe de Estado y los detenidos montaron una organización criminal para recuperar el dinero invertido especialmente durante la segunda vuelta.

Como parte del acuerdo delictivo, el grupo de inversionistas, también conocido como Los Chiclayanos, lograron que el presidente Castillo designe a Geiner Alvarado López, íntimo amigo de Salatiel Marrufo y Abel Cabrera, como ministro de Vivienda, y del mismo Marrufo, como jefe de asesores del mismo despacho. Estas personas también eran conocidos como el Buró Político del Presidente.

La investigación del equipo especial apunta a demostrar que el presidente Castillo emitió el Decreto de Urgencia 102-2021, el 29 de octubre de 2021, para financiar un conjunto de obras públicas del Ministerio de Vivienda, entre las que se encontraban una veintena digitadas por sus financistas, también conocidos como Los Chiclayanos.

Los alcaldes coludidos, como Nenil Medina, luego adjudicaban las obras a empresarios corruptos que pagaban un soborno de 10% sobre el total de la obra.

De los siete casos que enfrenta Pedro Castillo, el más grave está relacionado con el direccionamiento de obras públicas a los empresarios que financiaron su campaña electoral, porque con su puño y letra firmó expresamente un decreto para financiar las obras que estos querían.

Los financistas del presidente Castillo estaban desesperados por recuperar su dinero.

El 20 de agosto de 2021, a instancias de Geiner Alvarado y de Salatiel Marrufo, la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, fue conducida a un departamento en Surquillo, donde lo esperaban la crema y nata de Los Chiclayanos: el alcalde Nenil Medina y los empresarios Segundo Sánchez Sánchez -el dueño de la casa del jirón Sarratea- y Abel Cabrera Fernández, quienes, además, actuaban como “asesores” en la sombra del presidente Castillo.

Elizabeth Añaños declaró ante las autoridades que Salatiel Marrufo la presionaba para que incluyera en el programa Perú en Marcha un listado de 20 proyectos de obras públicas de interés de Los Chiclayanos por un monto cercano a los 70 millones de soles. Añaños renunció al Ministerio de Vivienda.

Sin embargo, el plan criminal continuó en marcha.

El 29 de octubre de 2021, el presidente Castillo y el ministro Geiner Alvarado suscribieron el Decreto de Urgencia 102-2021, autorizando el financiamiento de obras públicas entre las que se encontraban las 20 que Los Chiclayanos exigían como compensación por el apoyo económico a la campaña electoral del jefe de Estado.

Decreto Urgencia

Decreto Urgencia

Decreto Urgencia

Decreto Urgencia

Los proyectos fueron adjudicados a empresas que eran parte de la red criminal. Uno de los empresarios favorecidos, Hugo Espino Lucana, confesó que el alcalde de Anguía, Nenil Medina, le indicó que la coima a cambio de la adjudicación de un proyecto de infraestructura pública era del 10% respecto al monto total. Efectivamente, Espino desembolsó el dinero a Medina.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, postulará que el jefe de Estado, Pedro Castillo, al emitir el Decreto de Urgencia 102-2021, estaba en pleno conocimiento de que la norma beneficiaría a los empresarios que financiaron la campaña de la segunda vuelta.

Según el mandato judicial de detención alcanza a:

Segundo Sánchez Sánchez

  • Aportó S/ 500 mil a la campaña de Pedro Castillo y no lo declaró a la ONPE
  • Dueño de la vivienda en el jirón Sarratea donde el presidente Castillo sostenía reuniones clandestinas con empresarios.
  • Cubría los gastos de los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes cumplían función de operadores del jefe de Estado.
  • Participó en la reunión clandestina del 20 de agosto de 2021, con la entonces viceministra Elizabeth Añaños, junto con otros miembros de Los Chiclayanos para digitar obras públicas del proyecto Perú en Marcha.
  • La fiscalía estima que usó testaferros para obtener contrataciones con el Estado durante el gobierno de Castillo.

Abel Cabrera Fernández

  • Compañero de estudios de Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo en la Universidad Pedro Ruíz Gallo de Chiclayo (por lo que son identificados como el grupo Los Chiclayanos).
  • Participó en la reunión clandestina del 20 de agosto de 2021, con la entonces viceministra Elizabeth Añaños, según declaración de la testigo.
  • El 5 de septiembre de 2021, en compañía del alcalde Nenil Medina, se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno, pocas semanas antes de la firma del Decreto de Urgencia 102-2021. También visitó a Castillo 26 de agosto y el primero de septiembre de 2021.
  • En un audio entre Salatiel Marrufo y el empresario Zamir Villaverde se menciona a Abel Cabrera como miembro cercano e influyente del entorno del presidente Castillo.
  • Hugo Espino escuchó a Nenil Medina y a Abel Cabrera afirmar que fueron ellos quienes colocaron como ministro de Vivienda a Geiner Alvarado.
  • La fiscalía postula que usó testaferros para ganar contratos de obras públicas mediante exsocios con los que formó consorcios.

Salatiel Marrugo Alcántara

  • El audio que grabó Zamir Villaverde una conversación que tuvo con Marrufo deja en evidencia su implicación con la organización criminal para obtener licitaciones amañadas. Marrufo señala que todo lo hacía en coordinación con Geiner Alvarado.
  • Presionó para que los funcionarios del Ministerio de Vivienda incluyeran una relación de 20 obras públicas para que reciban financiamiento aprobado por el presidente Castillo mediante el DU 102-2021, lo que efectivamente ocurrió.
  • Con conocimiento del presidente Castillo y en coordinación con Geiner Alvarado organizó reunión clandestina en una vivienda de Surquillo con funcionarios del Ministerio de Vivienda y miembros de Los Chiclayanos para recibir información sobre el programa Perú en Marcha, que luego interfirieron sus cómplices.
  • La exviceministra Elizabeth Añaños relató que Marrufo expresamente presionó por 20 obras públicas, incluyendo para su pueblo, Cumba, en Utcubamba, Amazonas.

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