Testigo PNP: “Nos dijeron que (los manifestantes de Juliaca) eran terroristas”

Después de haber participado en la represión que causó la muerte a 18 civiles en Juliaca, el suboficial PNP John Yataco Torres renunció a la institución policial y explicó sus motivos en una carta que hizo pública. Citado por la Fiscalía, que indaga de dónde provino la orden para ejecutar a los manifestantes con disparos de fusiles AKM, Yataco, juliaqueño de 27 años, proporcionó detalles muy relevantes para esclarecer los hechos. Era parte de la Unidad de Servicios Especiales (USE), que tuvo la responsabilidad de resguardar el aeropuerto y en cuyo ámbito se registraron las muertes. Lo expresado por él contradice la versión del Gobierno sobre lo ocurrido.

El suboficial John Yataco declaró a la Fiscalía, según el expediente al que tuvo acceso La República, que sus superiores les dijeron que quienes protestaban eran terroristas. En su momento, para justificar la violencia y el resultado de víctimas fatales, voceros del Gobierno señalaron lo mismo: que las protestas eran producto de una conspiración terrorista.

Dijo el suboficial John Yataco:

“Observé que, en algunas escuadras, algunos efectivos policiales portaban fusiles de largo alcance AKM y otros efectivos portaban pistolas. (…) Ya formados, el mayor (Joel Tapia Guillén, jefe de la USE Juliaca) y el alférez indicaron que pasen a formar a un costado todos los que portaban fusiles AKM y, de igual manera, los escopeteros (lanzadores de proyectiles de gas lacrimógeno), que pasen a un costado para que se les afecte (entreguen) municiones lanza gas, las cuales recién habían llegado de Lima. En ese momento, el mayor (Tapia) nos indica que se tenía que defender y no permitir el ingreso de ninguna persona a las instalaciones del aeropuerto. De igual manera, nos indicó que los que venían eran terroristas y de Sendero Luminoso. En razón a ello, las disposiciones de los altos mandos de la Policía y de la presidencia era defender a como dé lugar el aeropuerto. De igual manera, los efectivos que se encontraban a un costado con sus AKM les indicaron que si alguien ingresaba al aeropuerto, tiene la autorización de hacer uso de sus armas de fuego. Todo esto con el conocimiento de los altos mandos y la presidencia”.

Un indicio de que, en términos prácticos, hubo orden de disparar, y que esta medida traería como consecuencia la ejecución extrajudicial de manifestantes, es que el mayor PNP Joel Tapia dispuso a los efectivos que encubran sus identidades. Esto para dificultar las investigaciones posteriores. Así lo expresó el suboficial John Yataco:

“De igual manera, el mayor y el alférez nos ordenaron a que todos los efectivos se quiten sus grados y se quiten sus apellidos (adheridos a sus uniformes). En ese momento también se encontraban formando otros efectivos policiales pertenecientes a Lima y Arequipa, cada quien separado. De igual manera, observé que varios de los efectivos de Lima y Arequipa portaban fusiles de AKM. En el lado oeste del aeropuerto se encontraban efectivos de la Dinoes con su uniforme de camuflaje, los cuales ya tenían sus zonas de responsabilidad fija, todos portaban fusiles de largo alcance. Ya no había ninguna persona por inmediaciones al aeropuerto, a lo que el alférez nos indicó que nos replegáramos para formar. En ese momento nos dijo que teníamos las felicitaciones de los altos mandos de la PNP y (de la) presidencia, ya que se cumplió con el deber que nos encargaron. (…) Dentro del bus, todo el mundo comentaba que solo siguieron órdenes de los altos mandos y de la presidencia. De igual manera se burlaban de las personas diciendo ‘terroristas’, ‘indios’, ‘cholos’, ‘para qué sirven’, ‘en buena hora que están muertos’”.

“Precise cuál fue la orden exacta que dieron sus superiores”.

“Las órdenes fueron dadas dentro del aeropuerto, indicando que cada quien ya conocía su función. A lo que se refería (es) que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lance gas y los de AKM formaban aparte. Y les indicaban que si entra una persona, ellos tienen la autorización de su comando y de la presidencia para hacer uso de sus armas de fuego”.

“¿Cómo sabe usted que la autorización para usar las armas AKM eran por disposición del comando y de la presidencia? Porque, cuando estábamos formando, claramente nos dijo que estas órdenes que él impartía venían de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”.

“¿En algún momento usted escuchó la orden específica de disparar contra los manifestantes?”

“Sí, cuando estábamos en las instalaciones del aeropuerto. Fue una orden verbal. La dio el mayor Tapia, en compañía del alférez Salcedo, que era el segundo al mando de la USE”.

Que las órdenes se originaron en Lima lo confirmaron otros oficiales interrogados por la Fiscalía, como el jefe de la Región Policial Puno, coronel PNP Julio Mauricio Contreras. Por ejemplo, el plan de operaciones fue elaborado en Lima. Además, todo lo reportaba a la capital. No mencionó que le ordenaron que detuvieran los disparos a los civiles. Así lo dijo:

“En su condición de jefe de la Región Policial de Puno, ¿elaboró u ordenó elaborar algún plan de operaciones?”

“Existe un plan de operaciones a nivel de comando de la Policía Nacional del Perú. En base a ello, la Macro Región Policial de Puno dispone elaborar las órdenes de operaciones a la Región Policial y a las divisiones de acuerdo a la competencia (…)”.

“¿Se dio cuenta a su comando institucional sobre los hechos?”

“Sí, se dio cuenta al comando PNP a través de las notas informativas e informes correspondientes”.

“¿Quién dispuso el envío de personal PNP de Lima para apoyar con el restablecimiento del orden público en el aeropuerto? La Comandancia General de la PNP (con sede en Lima)”.

“¿Usted solicitó dicho apoyo?”

“No me compete”.

“¿Su despacho intervino en la elaboración de los planes de operaciones?”

“No, yo recibo la orden”.

La cadena de mando que se origina en Lima también fue referida por otros oficiales relacionados con la muerte de cinco civiles en Andahuaylas y de otros tres en Pichanaqui durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Así lo dijo el jefe de la IV Macro Región Policial de Junín, general Colin Sim Galván:

“¿Con quién coordinaba usted durante las manifestaciones?”

“Las novedades comunicaba al Comando de Asesoramiento Operativo, a cargo del general de PNP (Jorge) Angulo Tejada, con quien coordinaba básicamente dando cuenta de las novedades diarias de los sucesos del conflicto social (…)”.

“¿Tiene conocimiento si se usaron armas de fuego?”

“Yo tomé conocimiento de ello cuando el comisario de Pichanaqui y el coronel PNP jefe de la División de Chanchamayo formularon un informe de evaluación de los resultados, donde se detalló lo ocurrido, donde se menciona el uso de material lacrimógeno y también de armas de fuego de manera disuasiva para contener a la población”.

“¿Quiénes utilizaron armas de fuego?”

“Se encuentra detallado en el informe de evaluación de los resultados de la operación policial en Pichanaqui”.

Todos tenían orden de disparar.

En la misma línea declaró a la Fiscalía el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales en Lima, comandante PNP Braulio Jiménez Mango, destacado a Andahuaylas como jefe de servicio, junto con 49 efectivos. Esto es lo que dijo:

“Yo solo me baso en la orden de operaciones que me da la PNP. (…) Nosotros primero hicimos uso de agentes químicos en el aeropuerto. Cuando se acabaron los agentes químicos, se usaron las armas de fuego de manera disuasiva”.

“¿A quién daba cuenta del resultado de su actividad diaria en Andahuaylas, bajo el contexto de las movilizaciones sociales? A la Dirección de Operaciones Especiales que está en Lima”.

Desde Lima se organizó todo.

Interrogatorios del fiscal supremo

Las declaraciones ofrecidas por los efectivos policiales citados en este reportaje fueron formuladas ante el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Las pesquisas están a cargo del fiscal supremo Marco Huamán Muñoz, quien se encuentra en la fase preliminar de la indagación por presunto homicidio calificado que se sigue a la mandataria Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola.

Hace tres semanas, el caso alcanzó al actual ministro del Interior, general PNP Vicente Romero Fernández.

Cumpliendo órdenes

Declaraciones que forman parte de la investigación del fiscal supremo Marco Huamán, seguido contra Dina Boluarte y Alberto Otárola.