Fiscal suprema Zoraida Ávalos buscará justicia ante la CIDH

Desprotegida. La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera buscará justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la casi imposibilidad de recibir protección en la jurisdicción nacional.

Hace un año, en agosto del 2022, Ávalos presentó una demanda de amparo ante los juzgados constitucionales de Lima en vista de la intención del Congreso de la República de investigarla y sancionarla por sus criterios jurisdiccionales.

También pidió una medida cautelar. A fines del 2022, el juez rechazó darle protección cautelar, lo que fue apelado por la defensa de la fiscal suprema.

Desde entonces, el Poder Judicial no ha vuelto a pronunciarse, ni a favor ni en contra. La acción de amparo y la medida cautelar siguen sin resolverse pese a que el peligro inminente que denunció en agosto del 2022 se ha concretado.

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En el ínterin, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de contienda de competencia en torno a la elección del defensor del Pueblo, restringió los amparos contra el Congreso, por lo que la posibilidad de que se revoque la sanción a Ávalos no aparece en el horizonte.

Inhabilitación

Luego, la inhabilitación que el Congreso impuso a Zoraida Ávalos por cinco años es una figura que no se había empleado antes y que la deja en el limbo jurídico, en un vacío permanente.

El Congreso no la ha destituido; por lo tanto, sigue siendo fiscal suprema titular, pero no puede ejercer el cargo. Al no poder trabajar como fiscal, no recibirá un sueldo y se queda sin seguro social.

Además, debe tenerse en cuenta que los jueces y fiscales ejercen una actividad a dedicación exclusiva. Si Ávalos decidiera trabajar en el ámbito privado (salvo la docencia), incurriría en falta grave que motivaría su destitución.

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Para recibir su pensión tendría que presentar su renuncia al Ministerio Público, lo que para ella —dice— supondría avalar la decisión del Congreso. Aún le faltan tres años para la jubilación obligatoria por límite de edad.

Fiscales supremos

Esta zona fantasma de la inhabilitación, que no destituye pero tampoco le permite ejercer, es aprovechada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para mantener la Junta de Fiscales Supremos con solo tres miembros, lo que le da la posibilidad de convocar a fiscales supremos provisionales.

Benavides no ha comunicado a la Junta Nacional de Justicia que hay una vacante y no se convocará un concurso para elegir un nuevo fiscal supremo titular.

Así, el puesto dejado vacante por Ávalos permanecerá desocupado de manera indefinida. El despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal que atendía Ávalos ha sido encargado a la fiscal suprema adjunta María Isabel del Rosario Sokolich Alva.

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No obstante, es probable que Sokolich solo permanezca unos días en el puesto, pues la fiscal adjunta más antigua de ese despacho es la doctora Ellyde Secilia Hinojosa Cuba, quien por ahora se encuentra de vacaciones.

El miércoles 28 de junio fue el último día laboral de Ávalos en el Ministerio Público, donde ha trabajado por 41 años y siete meses. Ese día le hizo entrega del cargo e informes de gestión a la doctora Sokolich.

Comisión

Las normas internacionales indican que para acudir a la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se requiere haber agotado la jurisdicción interna.

Pero, al ser evidente que ella no tiene posibilidad de que sus reclamos sean atendidos por los jueces peruanos, pude plantear a la Comisión que dé por agotada la jurisdicción interna y empiece a analizar su caso.

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Este camino no es fácil. Es probable que el Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría del Estado, se oponga e insista en que debe esperar el pronunciamiento de los jueces peruanos.

Además, la Comisión Interamericana también suele tomarse su tiempo para decidir si admite el caso de inmediato. Pero, en las actuales circunstancias, consideran sus abogados, esperar sin hacer nada es peor que esperar en la acción.

En opinión de diversos juristas, el reclamo de Ávalos va a prosperar a su favor en el ámbito internacional. En un Estado con democracia plena también debería prosperar en la jurisdicción interna. Pero hoy hay mucho “miedo” en la judicatura para enfrentar al Congreso.

Juezas piden debida motivación

La Asociación Nacional de Juezas del Perú expresó su profunda preocupación por la falta de motivación que, dice, observa en la Resolución Legislativa del Congreso del 22 de junio último, que inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

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“En cuyo texto no se advierte la motivación que debe contener, en respuesta al descargo realizado por dicha funcionaria, ni la justificación de su decisión, como sujeción a las garantías constitucionales que el Estado está en la obligación de proteger”, precisa. Por ello, exhortan al Poder Judicial y al Ministerio Público a garantizar que se tomen decisiones legítimas.

En peligro

Sin trabajo. La condición de inhabilitada impide a Zoraida Ávalos recibir su sueldo como fiscal suprema titular, cuyo título no ha sido cancelado y la obliga a no ejercer otra actividad lucrativa que cubra sus gastos personales y la atención médica que necesite.