Casos de víctimas de protesta social están paralizados

Después de que la Fiscalía de la Nación resolviera, el 31 de marzo, conformar el Equipo Especial de Fiscales, a cargo de un fiscal superior coordinador, para centralizar en Lima la investigación de los casos de víctimas de las protestas sociales, las pesquisas fiscales en las regiones donde se registraron muertos y heridos se han visto truncadas. Las fiscalías del interior del país lo que están haciendo es preparar el traslado al mencionado Equipo Especial de toda la información que han obtenido, lo cual ha alterado el trabajo de indagación que venían realizando.

“Estábamos avanzando bastante en la Fiscalía de Ayacucho. Teníamos como 29 carpetas avanzadas. Habíamos visualizado una parte de los videos. Hoy día (25 de abril) teníamos visualización de videos, pero se los van a llevar a Lima. También hubo otra citación para visualizar videos del 8 al 11 de mayo. Tampoco se llevará a cabo”, contó Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Asociación de Familiares Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del 2022. Por su parte, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, refirió que de Ayacucho todavía no se han remitido carpetas fiscales a Lima, pero deben estar haciéndolo la próxima semana.

“La Fiscalía de Ayacucho había trazado su estrategia de trabajo para tener las declaraciones de las víctimas, luego de los testigos y después de los militares. Ya se iba a empezar con la declaración de los militares”, informó. También expresó su preocupación porque no se sabe qué es lo que va a hacer el Equipo Especial en Lima, ya que las investigaciones son en el lugar de los hechos.

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“Me he entrevistado con la doctora Marena Mendoza y lo que me dice es que los fiscales van a ir a provincias a hacer diligencias. Estoy esperando que indiquen exactamente qué es lo que van a hacer. Sería ilógico que todos los lunes un fiscal se desplace de Lima a Ayacucho, pagando pasajes y estadía al personal, para quedarse de lunes a viernes y regresar el viernes a Lima. Lo considero un gasto innecesario, eso podría hacerlo tranquilamente la fiscalía de Ayacucho”, sostuvo.

Igual sucedería en el caso de Andahuaylas, Apurímac, cuyo aeropuerto no está funcionando; de manera que el fiscal tendría que volar a Ayacucho y de ahí viajar por tierra hasta Andahuaylas. Luego regresar por el mismo camino. “Son cosas prácticas que cuando empiece a funcionar el Equipo Especial nos dirán cómo va a funcionar. O al final van a designar a una persona de Andahuaylas, una de Cusco, una de Ayacucho para que se hagan cargo de la carpeta en esos lugares. No sabemos”, agregó Gloria Cano.

Lo cierto es que a casi un mes de la disposición de la Fiscalía de la Nación, solo Cusco ha enviado al Equipo Especial todo el trabajo realizado. Ayacucho está por enviarlo, Puno se ha quedado con el caso, ha enviado solo copias. La Fiscalía de Andahuaylas está pendiente de remitirlo, es la que menos ha avanzado en las indagaciones.

Su par del Cusco logró adelantos en el caso Remo Candia, pero la pericia balística forense la enviaron a Arequipa porque dicen que la División de Criminalística es más completa que en Cusco. Sin embargo, esta carpeta fiscal, que ya está en Lima, permanece estancada porque el Equipo Especial aún no le asigna un número. Tampoco se sabe cuál de los dos grupos que se ha formado al interior de dicho equipo se abocará al caso.

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“Nueve fiscales sin experiencia en DDHH”

El abogado de IDL Juan José Quispe cuestionó la experiencia en derechos humanos de los fiscales del Equipo Especial. “Aparte de que se están retrasando las investigaciones, los fiscales no son especialistas en temas de grave afectación a los derechos humanos. De los doce, La fiscal coordinadora ha visto casos civiles y de familia. Eso es cuestionable de parte de la fiscal de la Nación, quien dijo que estos hechos se van a investigar con fiscales especializados en DDHH. El que caiga en manos de gente inexperta es un retraso, lo que viene es una presunta impunidad o el estancamiento de los casos”, anotó el letrado.

El dato

Víctimas. En las protestas sociales, de diciembre a marzo, fallecieron 66 personas: 48 civiles en enfrentamientos, un policía, seis militares y once civiles por hechos vinculados a bloqueos de vías. También se registraron 1.785 heridos, 972 civiles, 787 policías y 26 militares.