Ministerio Público abre investigación por las 18 muertes en Juliaca
Demanda. Según carpeta fiscal, la autoría se precisará en el lapso de la investigación. Sin embargo, los abogados defensores de las víctimas, culpan de las muertes al jefe macrorregional de Puno, jefe de la división policial de Puno y jefe nacional de Dinoes.
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Por Zenaida Zea
El Ministerio Público de Puno inició una investigación preliminar para quienes resulten responsables de las muertes de 18 personas y 200 heridos, hechos ocurridos el 9 de enero pasado en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
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De acuerdo a la carpeta fiscal N°023-2023, los cargos que se imputan son por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves contra los que resulten responsables.
Para los abogados que defienden a los deudos y heridos de Juliaca, la responsabilidad de las muertes recae en tres jefes policiales. Ellos son el coronel Julio Santos Mauricio Contreras, jefe de la macrorregión policial de Puno; coronel Alberto Miguel Rojas Méndez, jefe de la División Policial de Juliaca y sindican al jefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), coronel Juan Manuel Herrera Ruiz. Pero la Fiscalía aún no señaló nombres, solo indica para quienes resulten responsables.
Wilmer Quiroz Calli, abogado que forma parte del equipo legal de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, Juliaca-Puno, explica que la investigación inicialmente estaba a cargo del fiscal especializado en Crimen Organizado, Guido Pilco Delgado. Ahora se derivó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, representada por Ernesto Rojas Cayllahua.
Para Quiroz Calli, se conoce que fueron los efectivos policiales quienes apuntaron y dispararon contra personas civiles que participaban de las protestas o merodeaban en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Capac, donde se produjeron los enfrentamientos. La identificación a los efectivos no está precisada, pero siendo subordinados la responsabilidad corresponde a los altos mandos policiales que estaban a cargo de Puno. “Lamentablemente, la Fiscalía no los ha citado para que señalen su participación y cómo es que ordenaron disparar a población civil, tanto el 9 de enero, como el 9 de febrero”, manifestó el letrado.
Sostiene que esta delegación de la Dinoes estuvo conformada por agentes de Piura, Chiclayo y el Callao. En otra oportunidad también habrían arribado policías del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y Lima. La versión gubernamental es que la reacción policial se debió a que los manifestantes pretendieron tomar las instalaciones del aeropuerto.
Diligencias
El Ministerio Público recaba información documentada de Medicina Legal, órdenes de operaciones de la Policía, el rol de servicios de la PNP durante los días 6, 7, 8 y 9 de enero. Eso individualizará quiénes son los efectivos policiales que participaron en los sangrientos operativos. También se solicitó los informes de los armamentos que se usaron en esas fechas.
Sin embargo, para Quiroz es fundamental que se tome la declaración de las víctimas y los deudos, que vislumbrarían mejor el contexto en el que ocurrieron los hechos.
Asimismo, se ha pedido que la Fiscalía requiera información audiovisual a medios de comunicación, serenazgo y ciudadanos del lugar. Videos y fotografías ayudarán a esclarecer las investigaciones. Es fundamental la colaboración de la Municipalidad Provincial de San Román para que entregue las imágenes de las cámaras de vigilancia.
“La fiscalía nos ha indicado que ha requerido de manera inmediata (los videos), pero no sabemos si hay respuesta por parte de la municipalidad”, dijo Quiroz.
El alcalde Óscar Cáceres, indicó que durante las protestas del 6 enero las cámaras dejaron de funcionar, aunque ante la prensa extranjera afirmó que se tenían dichas imágenes.
Desconfianza en Fiscalía
El abogado refiere que los agraviados tienen la percepción de que la fiscalía está siendo selectiva en sus actuados para procesar a personas que supuestamente realizan disturbios, pero no hay esa misma celeridad con la investigación de los muertos y heridos.
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“La fiscalía realiza todas las indagaciones para detener, procesar y requerir la prisión preventiva inmediata, pero cuando se trata de víctimas, pasa un mes y ni siquiera se notifica ninguna disposición, ni la información pertinente para esclarecer estos hechos, pese a que es su obligación proteger la vida y la integridad física de las personas”, enfatizó.
En ese sentido, unos de los objetivos de la referida asociación y su equipo legal es que la Fiscalía de Derechos Humanos tenga presencia en Juliaca, o por lo menos que la que existe en Lima tenga actuación en la región Puno.
Fiscalía de DDHH
En enero se ha creado una Fiscalía especializada de Derechos Humanos en Ucayali, Madre de Dios y Trujillo, Quiroz reclama una para Puno. Paralelamente, buscan un soporte en instancias internacionales como la Misión Internacional de Derechos Humanos, una comisión de California, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), entre otras entidades.
Heridos atendidos
Salud San Román informaron que 229 heridos fueron atendidos durante las protestas en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Treinta y seis de ellos corresponden a lesiones por proyectiles de arma de fuego y 32 por perdigones, 40 policontusos, 19 por facturas y los demás con otros diagnósticos.
Miriam Rodríguez, jefa del área de Salud de las Personas, precisó que 209 pacientes fueron varones y 20 mujeres.
