Pedro Castillo: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra expresidente y Aníbal Torres
Requerimiento fue solicitado luego de que se formalizó la investigación preparatoria contra Pedro Castillo y Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
- Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales
- Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate
El fiscal supremo Uriel Terán, de la Segunda Fiscalia Suprema Penal, solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del gabinete Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el que habrían incurrido en el intento de golpe de Estado, según informaron fuentes de La República.
El requerimiento fiscal fue presentado luego de que el juez supremo Juan Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra el exjefe de Estado y el expresidente del Consejo de Ministros.
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Ahora, Checkley Soria, en un plazo no mayor de 48 horas, deberá convocar a una audiencia para evaluar el pedido del Ministerio Público. En tanto, la detención preliminar dictada contra Castillo Terrones se extenderá hasta que se emita el fallo correspondiente.
PUEDES VER: Un alto funcionario puede ser detenido en flagrancia sin autorización previa del Congreso, dice el PJ
Rechazaron apelación de Castillo contra detención preliminar
Este martes, la Sala Penal Permanente rechazó el recurso de apelación que interpuso la defensa del expresidente Pedro Castillo contra la detención preliminar por siete días que le impuso el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La Sala que preside el juez supremo César San Martín confirmó que la detención de Castillo Terrones, efectuada mientras se dirigía a la Embajada de México tras su último mensaje a la nación, se ajustó a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.
“El investigado pretendía alejarse de la persecución penal recurriendo a la figura del derecho de asilo diplomático, cuyos primeros pasos ya había adelantado, según reconoció el presidente de México y el embajador de ese país en el Perú”, se lee en la resolución.
