Elvia Barrios: Junta Nacional de Justicia suspende proceso disciplinario
Debido proceso. Al iniciar la audiencia de informes orales recién se advirtió que la consejera Imelda Tumialán no iba a participar, pues se había inhibido.
La Junta Nacional de Justicia suspendió hasta nuevo aviso el informe oral en el proceso disciplinario seguido a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado al advertir que la consejera Imelda Tumialán Pinto se había inhibido (apartado) de participar en está evaluación, sin habersele notificado de este hecho a los involucrados.
El 29 de octubre, la Junta también suspendió el procedimiento de ratificación del título de jueces supremos de Barrios y el magistrado Javier Arévalo Vela, a fin de primero definir el proceso disciplinario y no se produzcan decisiones contradictorias. Hoy, se ve obligada a suspender también el proceso disciplinario.
La inhibición de Tumialán recién se conoció segundos después de que comenzará la audiencia de informes orales, por lo que Barrios advirtió a la Junta que este hecho podía ocasionar la nulidad del procedimiento, al afectar el debido proceso y el derecho de defensa.
Elvia Barrios, ante la JNJ
Luego de deliberar algunos minutos, la Junta informó que el apartamiento voluntario de Tumialán se había producido el 12 de febrero del 2021 con respecto al juez supremo Javier Arévalo Vela y otros magistrados. El 17 de febrero, la Junta aprobó la inhibición de la mencionada consejera en todos los procesos relacionados con Arévalo y los otros.
No obstante, resulta que en el proceso disciplinario de destitución seguido a Barrios Alvarado también está incluido el juez supremo Javier Arévalo Vela y el exmagistrado Walde Jauregui. Así, la inhibición de Tumialán se hizo extensiva a los demás involucrados.
Número de votos
No obstante, de este hecho no se informó a Barrios. Ella recién se enteró cuando no vio a la doctora Tumialán entre los participantes en la audiencia virtual de informes orales. Este asunto, que pareciera irrelevante, es importante y trascendental, pues afecta el número de votos para decidir aprobar o rechazar el pedido de destitución.
La Junta Nacional de Justicia está integrada por 7 consejeros. El consejero Guillermo Thornberry Villarán actuó como investigador y ha propuesto la destitución de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, el juez supremo Javier Arévalo Vela y el exmagistrado Walde Jaurégui por supuesta falta ética al no denunciar que familiares directos estaban laborando en el Jurado Nacional de Elecciones durante el año 2015 en contra de la Ley 30225.
Entonces, al tener ya una opinión formada, los procedimientos de la Junta establecen que él ya no participa en la decisión final, con lo cual el número total de consejeros se reduce a 6 y si Tumialán se inhibió, ahora quedan 5 consejeros. Puesto que la decisión se puede tomar por mayoría, Elvia Barrios podría ser destituida con 3 votos en contra.
Ahora, la Junta deberá evaluar la situación. Barrios Alvarado también recordó que ella solicitó la desacumulación del expediente; es decir, ser evaluada aparte de Arévalo y Jáuregui, pues si bien se trata de un mismo hecho, hay actos peculiares distintos a cada actor. Pero, la Junta denegó la desacumulación.
Luego, hay otro hecho. Poco antes que se cumplieran los 9 meses para que se declare la caducidad del procedimiento administrativo, se expidió una resolución que amplió el plazo de investigación por 3 meses. La ampliación interrumpió el plazo de la caducidad; sin embargo, esa resolución fue firmada por Tumialán.
Si Tumialán estaba inhibida del procedimiento disciplinario, cómo firmó esa resolución. Si ese acto es nulo, todo el resto del procedimiento también es nulo y el plazo de prescripción se habría cumplido.
Tribunal Constitucional
En realidad, todo este procedimiento disciplinario está prescrito. Los supuestos hechos indebidos ocurrieron hace más de 7 años y han pasado otros 4 años desde que se conocieron públicamente. Además, el Tribunal Constitucional ya ha aclarado que la prohibición que señala la Ley 30225 se refiere al ámbito o sector en que trabaja el funcionario público.
Es decir, los familiares cercanos de los jueces supremos están impedidos de trabajar en el Poder Judicial y no en otra entidad del Estado, como lo es el Jurado Nacional de Elecciones. Además, hay otra norma que excusa de responsabilidad a los padres o esposos por no denunciar a sus hijos y viceversa.
La presidenta del Poder Judicial también solicitó a la Junta Nacional de Justicia celeridad en el proceso disciplinaria que está generando incertidumbre en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que dentro de 22 días, el 1 de diciembre debe elegir a un nuevo presidente del Poder Judicial.
El juez supremo Javier Arévalo, recordó Barrios, es uno de los candidatos a esta elección. Con el procedimiento disciplinario abierto, la Corte Suprema no sabe cuántos llegarán a votar y tampoco quienes pueden hacer campaña, en estas dos semanas.
La suspensión de los informes orales del procedimiento disciplinario también alcanza a Javier Arévalo y Walde Jaurégui.
