Ministra Betssy Chávez presentó denuncia constitucional contra fiscal Patricia Benavides
Recurso contra la fiscal de la Nación es por denunciar constitucionalmente al jefe de Estado ante la Subcomisión de Acusaciones del Congreso de la República.
La congresista y ministra de Cultura, Betssy Chávez, presentó —este miércoles 12 de octubre— una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente haber infringido la Carta Magna en sus artículos 117, 146 y 159: la cual tendrá que ser vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
A Benavides Vargas se le impura el haber infringido la Constitución al presentar una denuncia constitucional contra el jefe de Estado, como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias agravado, colusión y organización criminal. Esta fue enviada al Parlamento el último martes 11.
“La denuncia constitucional presentada a modo de requerimiento fiscal para que se acuse constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrones, consigna expresamente delitos no contemplados dentro del artículo 117 de nuestra Constitución Política, que proscribe o no permite que el dignatario sea acusado más allá de cuatro supuestos explícitos, poniendo en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo el Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al gobierno”, se advierte en el documento.
Como se recuerda, el último martes 11, la titular del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. El documento de 375 páginas fue derivado al Congreso de la República, en él se le imputa al jefe de Estado los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, así como por tráfico de influencias agravado y colusión.
Ante este hecho, Betssy Chávez —a través de la denuncia constitucional— se le recuerda a Patricia Benavides que “como funcionaria pública está obligada a enmarcar sus acciones al principio de legalidad”, en la medida que solo puede pedir o requerir medidas que las Constitución Política del Perú le faculte.
“Cosa que no sucede en este caso, en donde la funcionaria en cuestión, a pesar de que existe texto expreso de la Carta Magna que deja en claro que no procede someter al Presidente de la República al procedimiento de acusación constitucional por cualquier otro supuesto que no sean los cuatro si contemplados, hace todo lo contrario a dicha norma máxima”, expresa.
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Finalmente, la denuncia de la ministra Betssy Chávez responde al pedido que realiza la fiscal de la Nación para que se interprete el artículo 117 de la Constitución con los artículos 30.2 y 30.3 de Convención de la ONU contra la Corrupción para poder acusar al mandatario por delitos que no están contemplados en la Carta Magna. Desde el Ejecutivo se acusó la inconstitucionalidad del pedido.
Abogados de Bermejo denuncian a Benavides
El último 7 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue denunciada penalmente por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia por los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, ambos vinculados al congresista Guillermo Bermejo.
Entre los motivos de la denuncia, se señala que Benavides estaría “debilitando la acción del Ministerio Público” al cambiar a la fiscal suprema adjunta titular Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la titular de la Fiscalía, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir.
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Al entender de estos letrados, Patricia Benavides integraría una organización criminal encabezada por su hermana Enma Benavides y los jueces María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Llave García. Se indica que su fin sería “utilizar su alto cargo para interferir en las investigaciones que se siguen contra los integrantes de la presunta organización criminal”.
El 12 de octubre, Noblecilla y Atencio interpusieron una nueva denuncia penal contra la fiscal de la Nación por el presunto delito de prevaricato. Se indica que el Ministerio Público habría incurrido en esta infracción al acusar al presidente Pedro Castillo por actos que no permiten la carta magna, estor luego que Benavides presentara una acusación constitucional contra el jefe de Estado al Congreso de la República para que sea vista en el Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
