Amnistía Internacional insta al Gobierno a condenar públicamente excesos de las FF. AA. y PNP

Otro informe ha sido publicado. En esta ocasión, Amnistía Internacional hizo público sus hallazgos después de que una delegación encabezada por Agnès Callamard, secretaria general de la organización, llegara a Perú con la finalidad de llevar a cabo una investigación sobre la represión de las protestas masivas que surgieron durante la crisis política ocurrida en diciembre de 2022.

Tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte, este último jueves 25 de mayo la organización presentó en sus recomendaciones a la presidencia: condenar el uso de la fuerza letal proveniente de las fuerzas de seguridad. En esa línea, consideran que se debe implementar medidas para controlar las manifestaciones en el país y enfatizan que estas no deben contener ningún acto de discriminación o racismo.

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"Condenar públicamente el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad; desarrollar e implementar medidas efectivas de forma inmediata que impidan el uso de la fuerza letal o de armas inadecuadas y prohibidas para el control de manifestaciones en el Perú. En aquellos casos donde deba usarse la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, tomar acciones que garanticen que su uso es necesario y proporcional y que no responde a criterios discriminatorios o racistas", precisa el informe en su página 72.

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Piden investigación "pronta, imparcial, independiente y exhaustiva" a la Fiscalía

Dentro de las recomendaciones planteadas en el informe, Amnistía Internacional hace un llamado a la Fiscalía encabezada por Patricia Benavides para llevar a cabo una investigación "pronta, imparcial, independiente y exhaustiva" en relación con el uso de la fuerza por parte de militares y policías. Asimismo, señalan que estas exploraciones deben alcanzar a los responsables de las macro regiones, incluyendo a los niveles superiores, ya que durante su visita en Perú se evidenciaron indicios de que no se tomaron medidas para evitar estos actos delictivos.

"Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva los casos de ejecuciones extrajudiciales, muertes arbitrarias y violaciones a la integridad personal causados por el uso de la fuerza a manos de militares y policías; incluyendo no solo a quienes las cometieron, sino también a los mandos superiores desde las macro regiones hasta el más alto nivel, por existir indicios de que las ordenaron, permitieron o, sabiendo de su posible comisión, no hicieron nada para impedir el crimen", enfatizaron.

Amnistía pide eliminar Ley de Protección Policial

El organismo Amnistía Internacional documentó al detalle un total de 52 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, durante las manifestaciones contra el Gobierno Dina Boluarte. A su vez, durante sus visitas a Lima, Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y Chincheros, recabaron información de 25 casos de personas muertas, entre ellos seis menores de edad. 20 de estas muertes presentan elementos que configuran una ejecución extrajudicial.

Por es razón, en el marco de las de las investigaciones de la presunta violación de derechos humanos por parte de las autoridades peruanas, la organización internacional instó al Congreso a “derogar la Ley 31012, Ley de Protección Policial, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”. Esto, “lejos de tratarse de hechos aislados o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente”, resaltó Amnistía en el documento.

Lee el informe completo de Amnistía Internacional sobre las protestas en Perú