GORE Áncash respalda a cuestionados dirigentes pesqueros que rechazan Ley Nº31749

Dirigentes pesqueros cuestionados por sus antecedentes judiciales y fiscales, y que se oponen a la recientemente promulgada ley que favorece a la pesca artesanal, fueron recibidos por el Gobierno Regional de Áncash al que recurrieron en busca de respaldo.

La directora regional de la Producción de Áncash, Olivia Longobardi Huamán, emitió un comunicado en el que se anuncia apoyo a las organizaciones de pescadores que con falsos argumento rechazan la Ley Nº31749 que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal, e impulsa su preservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas.

La ley dispone la elaboración de un Registro Nacional de Pescadores Tradicionales Ancestrales y del Registro Nacional de Pescadores Artesanales, que evitará la depredación de las especies y garantizará las labores de los trabajadores del mar.

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Sin embargo, la directora regional de Producción de Áncash, Olivia Longobardi, se reunió con dirigentes pesqueros encabezados por Joaquín Cruz Navarro, un militante fujimorista que ha recibido condenas por robo agravado y conducir en estado de ebriedad. Incluso en recientes días, Cruz fue intervenido por la policía por haber liderado una invasión de terrenos del Proyecto Especial Chinecas, en Nuevo Chimbote.

Después de dicho incidente, Joaquín Cruz fue recibido por la funcionaria regional Olivia Longobardi para coordinar acciones contra la ley que protege a la pesca ancestral y artesanal dentro de las cinco millas.

En la misma línea se encuentra otro dirigente pesquero, Hilton Guerrero Bonifacio, a quien la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente investiga por tráfico de especies marinas. Hilton Guerrero y Joaquín Cruz aparecen suscribiendo documentos contra la ley a favor de los pescadores ancestrales y artesanales.

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“El Gobierno Regional de Áncash, a través de la Dirección Regional de la Producción (Olivia Longobardi), ha recibido una solicitud conjunta por parte de organizaciones sociales de pescadores artesanales”, señala el comunicado: “Estas organizaciones han expuesto una serie de puntos cruciales que requieren una atención y consideración urgentes”.

Y el primer punto de estas organizaciones de Cruz y Guerrero, es: “Rechazar enérgicamente la promulgación y vigencia de la Ley Nº31749 (…) porque atenta contra los derechos constitucionales y administrativos, transgrede la ley de descentralización y la ley orgánica de los gobiernos locales”.

Es decir, el Gobierno Regional de Áncash se opone a una ley aprobada por el Congreso luego de una serie de debates en los que se incluyeron precisamente a los dirigentes de los pescadores.

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Una justificación del Gobierno Regional de Áncash es que supuestamente la ley “afecta la canasta familiar y pone en riesgo numerosos empleos generados por la actividad artesanal”, cuando el espíritu y fondo de la norma es todo lo contrario.

La directora regional de la Producción, Olivia Longobardi Huamán, virtualmente ha asumido las demandas de los dirigentes pesqueros Cruz, Guerrero y otros con problemas con la justicia, quienes lanzan afirmaciones sin sustento contra las autoridades que fiscalizan la actividad pesquera.

“Desde la promulgación de la ley se ha permitido la depredación de los recursos hidrobiológicos, contando con el respaldo del Ministerio de la Producción y las autoridades nacionales”, dice el comunicado del Gobierno Regional de Áncash.

“Se argumenta que esta normativa busca eliminar al sector artesanal, que es responsable de la generación de miles de puestos de trabajo”, repite el comunicado del gobierno regional ancashino, sin verificar que dicha afirmación no es cierta.