Alberto Otárola sobre muertes en protestas en Juliaca: “Quién ha sido agredida es la Policía”

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó la disposición del Gobierno de la mandataria Dina Boluarte para colaborar con la investigación preliminar que inició la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Titular del Ministerio Público imputa dichos cargos por las muertes producto de los enfrentamientos entre efectivos de la Policía y Fuerzas Armadas, y manifestantes en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En conferencia de prensa, Otárola indicó que la Fiscalía ya ha solicitado las actas de las sesiones de Consejo de Ministros de diciembre y enero, así como otros documentos.

“Somos los principales interesados en que esta investigación avance y culmine. En esta investigación se va a ponderar ciertamente —porque conocemos el talante democrático de la fiscal de la Nación— el inmenso daño que se le ha hecho al país, a la economía y a las vidas de las personas, porque lo que hay que investigar son las 47 lamentables perdidas de vida de nuestros compatriotas. Es decir, qué paso con cada una de estas lamentables muertes. Estamos seguros de que todos vamos a llegar a la verdad”, señaló.

En ese sentido, el jefe del gabinete afirmó que suma al “pedido de miles de peruanos: ni una muerte de más, no queremos ni una muerte más en el Gobierno”.

“Acá se está diciendo que ha habido una matanza, que ha habido una actitud del Gobierno autoritaria o cívico-militar. Como lo dijimos ayer a los señores miembros de la CIDH, lo único que ha pasado aquí en todos los casos, en los que se ha producido enfrentamientos, es que miles de personas han querido tomar los aeropuertos”, aseveró.

“La Policía no ha reprimido a la gente en las calles, la Policía se ha defendido y defendido los aeropuertos, en ese contexto es en el que se han producido tan lamentables muertes. O sea, quién ha sido agredida ha sido la Policía, quién ha sido agredido es el Estado. No se han tratado de marchas pacíficas. Tiene que haber un redimensionamiento de los acontecimientos y un análisis serio sobre el concepto que viene de la Constitución y que trasciende ideologías que es el uso legítimo de la fuerza que al Estado está obligado para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos”, prosiguió.