Titular del MTC y las bombas que dejaron en esa cartera
Ministra de Transportes enfrenta dura tarea para erradicar a funcionarios impuestos en gestión del expresidente Pedro Castillo.
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Dentro de los principales problemas que enfrenta la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo, están la depuración de malas autoridades y los malos manejos realizados por sus antecesores en licitaciones.
Una de ellas es el contrato del Consorcio Supervisor Tarata, que sospechosamente sigue en pie, pese a que, hace exactamente un año, Provias Descentralizado, la unidad ejecutora del MTC, anuló el contrato de ejecución del Puente Tarata debido a graves irregularidades.
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Pero ¿quiénes se benefician con esta irregular situación? Documentos a los que La República tuvo acceso dan cuenta no solo de los nexos del Consorcio Supervisor Tarata con los hermanos Pasapera Adrianzén y la empresa TERMIREX, integrante del consorcio que iba a construir el puente, sino también de otras irregularidades que cometieron para ganar la supervisión halladas por la Contraloría General de la República.
El consorcio para constituir su RUC en la selva y para hacerse acreedor a los beneficios de la Ley de la Amazonía, consignó un domicilio falso en la provincia de Tocache. El Consorcio Supervisor Tarata está integrado por Dohwa Engineering CO. LTD. Sucursal del Perú y Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal del Perú.
Los hechos se remontan a enero del presente año, cuando Provias Descentralizado anuló el contrató para la construcción del puente Tarata, debido a que las empresas que compitieron eran del mismo dueño. Este caso es uno de los cuatro que motivaron la presentación de una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por parte de la fiscal Patricia Benavides y que evidenció la corrupción en el MTC, donde también está involucrado el exministro prófugo de la justicia, Juan Silva
Sin fiscalización
Sin embargo, a pesar de que Cuarto Poder puso en evidencia que el representante de la supervisora, Jorge Rómulo Contreras Montoya, tiene vínculos con los hermanos Pasapera Adrianzén y la empresa TERMIREX, integrante del consorcio que iba a construir el puente —según el MTC—, el órgano de fiscalización competente no halló motivos para resolver el contrato de supervisión.
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Quiere decir que el que gane la nueva licitación de la ejecución de la obra que ya en proceso, será supervisado por el cuestionado Consorcio Supervisor Tarata.
Además, resulta por demás sospechoso que, a pesar de la existencia de un informe de Contraloría realizado en octubre, y que pone en evidencia irregularidades, hasta ahora desconocidas, Provias Descentralizado no realice las acciones correctivas que le demanda el documento. No resuelve el contrato. Todo sigue como si nada.
Contraloría señala que la supervisora se limitó a presentar declaraciones juradas de sus empresas consorciadas, omitiendo la de su representante legal común: Jorge Contreras Montoya, debido a que existía en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios una investigación por lavado de activos seguido contra Corporación Peruana de Proyectos e Inversiones SAC, cuyo representante legal es Contreras Montoya; quien además es Socio Fundador. También se presentaron cuestionamientos a la evaluación de la experiencia del Consorcio Supervisor Tarata por incumplimiento de las bases.
