ANP condena PL que busca penalizar difusión de información fiscal: “Afecta lucha contra la corrupción”

El último miércoles 6 de julio, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de ley 02508/2021-PE para que se sancione a los jueces, fiscales, policías o abogados que, en el marco de una investigación reservada, revelen información de algún proceso judicial en curso.

Esta iniciativa pretende castigar con pena privativa a la libertad de hasta cuatro años no solo a los operadores de justicia, sino también a los periodistas y otras partes comprometidas, creando “el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”.

Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó este proyecto del Gobierno afirmando que “afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país”.

La propuesta, cuyo texto se conoce 12 días después de su aprobación en Consejo de Ministros, hace referencia a la difusión de información a través de los medios de comunicación, dictaminando penas más severas, en dichos supuestos.

“Desde la ANP, advertimos que este postulado vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar. Llevar ante los operadores de justicia a periodistas que revelen información de investigaciones penales contraviene la reserva de fuentes y el fallo del Tribunal Constitucional que garantiza, en todos sus extremos, el secreto profesional”, se lee en un pronunciamiento emitido por la asociación.

En ese sentido, refiere que este proyecto “contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, manifestaron que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión ni tendría impacto en el trabajo de periodistas”.

Cabe mencionar que el documento ingresado al Parlamento propone incorporar el artículo 409-C en el Código Penal para sancionar al agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que proporcione —o difunda— información de carácter reservada.

De la misma manera, se genera una agravante si esto es cometido por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional.

La ANP recuerda que el Pleno del Congreso agendó un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia que, bajo argumento de “fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz”, propone “sancionar con pena privativa de la libertad a quien proporcione o difunda información sobre testigos protegidos o sus declaraciones”.

Anteriormente, el gremio periodístico llamó la atención de manera reiterada sobre el grave riesgo que significa la sintonía entre Ejecutivo y Legislativo “para promover el secretismo en los procesos de colaboración eficaz, en los que se encuentran comprometidos personajes políticos implicados en casos de relevancia pública”.

“Las fuerzas partidarias demuestran una vez más la instrumentalización de las leyes en detrimento del bienestar social del país y en perjuicio de la lucha contra la corrupción”, expresa el pronunciamiento.

Por último, la ANP rechaza los supuestos de la exposición de motivos del proyecto, que pretende “amordazar a la prensa respecto a denuncias de hechos de corrupción y reseña que los medios de comunicación generan una corriente de opinión apartada de los estándares jurídicos mínimos”.