Cuestionan propuesta de criminalizar filtraciones de información de casos de la Fiscalía o el PJ

La anunciada propuesta del Gobierno para criminalizar filtraciones de información de casos de la Fiscalía o el Poder Judicial se alinea con las intenciones de evitar complicaciones al presidente Pedro Castillo, según advierten diversos especialistas.

En los próximos días, la propuesta sería presentada por el ministro de Justicia, Félix Chero, para que sea evaluada en la siguiente sesión del Consejo de Ministros. Luego, le toca ir al Congreso para que este decida si la aprueba o la desestima.

El proyecto plantea sancionar con dos o tres años de prisión suspendida al fiscal, juez, policía o abogado que filtre información de un caso en investigación. “Si el fiscal, el juez, la Policía Nacional, teniendo información reservada, dolosamente la filtra a terceros, sería un delito. Y lo va a ser”, dijo Chero hace una semana en Canal N.

“La propuesta está entre de dos a tres años de pena suspendida... Si la investigación es reservada y se filtra, ...se altera todo el iter (camino) investigativo.... Y, segundo, se afectan derechos fundamentales”, añadió.

“Es para proteger la presunción de inocencia como derecho fundamental de cualquier investigado”, adujo el ministro.

Diversas voces alertan sobre peligros en esa iniciativa y destacan otra intención al estar Castillo investigado por la Fiscalía.

“La propuesta pareciera referirse a todo tipo de información y no solo a la identidad de un colaborador o testigo. Es decir, a audios o documentos... Todo indica que le molesta al Ejecutivo la información que se conoce hasta ahora de la estructura corrupta en el MTC y con un ministro de extrema confianza del presidente”, dice el abogado penalista Yván Montoya, profesor de la Universidad Católica (PUCP) y exintegrante de la Procuraduría Anticorrupción.

“Una sanción administrativa de inhabilitación (que existe para estos casos) es a veces más grave que una sanción penal suspendida. Al parecer es una medida simbólica que tiene la intención de contener información que se va conociendo de la corrupción del Gobierno”, anota.

“Hay una necesidad de valorar el interés público por conocer cómo avanzan investigaciones en casos emblemáticos de corrupción. Es más, debería tener la Fiscalía un protocolo para informar sobre estos casos. Todo lo contrario a lo que se está proponiendo, que es evitar que salga la información a la opinión pública”, dice el sociólogo Samuel Rotta, director ejecutivo de la organización Proética.

“El Gobierno no tiene una actitud clara en materia anticorrupción. No ha sido muy coherente. El hecho de que salgan ahora con este anuncio llama a sospecha en un momento en que se han iniciado las investigaciones contra el propio presidente de la República”, agrega.

La propuesta complicaría la labor del periodismo en su busca de información relevante.

“Este proyecto criminaliza a las fuentes. En un escenario en que a nivel mundial hay una tendencia normativa a tener más amplitud en la difusión de casos en que se involucren presuntos hechos de corrupción a quienes han tenido función pública, en Perú estamos tendiendo a un retroceso. Estamos generando una normativa que no solo alienta a criminalizar, sino que va a fortalecer el secretismo”, advierte Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

“Preocupa que en este tema hay una sintonía plena entre Ejecutivo y Legislativo, porque hace varios meses la Comisión de Justicia, presidida por la congresista Gladys Echaíz, había aprobado un proyecto por unanimidad que criminalizaba la difusión de los dichos de quienes se acogían a colaboración eficaz”, agrega la periodista.

De este modo, se evidencia otro peligro desde el Gobierno.

Reacciones

Yván Montoya, abogado penalista, PUCP

“Una sanción administrativa de inhabilitación (que existe para estos casos) es a veces más grave que una penal suspendida. Al parecer es una medida simbólica para contener información de corrupción del Gobierno”.

Samuel Rotta, sociólogo, Proética

“El Gobierno no ha sido muy coherente en materia anticorrupción. Que salgan ahora con este anuncio llama a sospecha, particularmente en un momento en que se han iniciado las investigaciones contra el presidente”.

Zuliana Lainez, periodista, ANP

“Es una contradicción del Gobierno que dice respetar la libertad de expresión. Si criminaliza a las fuentes del periodismo, está afectando la actividad periodística. No es nada sano llevar estas iniciativas adelante”.