Congreso autorizó pagar con recursos públicos la defensa legal de Rospigliosi, Paredes y Flores ante denuncias
Paredes es investigada por organización criminal, Flores por cohecho y Rospigliosi tiene un proceso por difamación. La Mesa Directiva tomó esta decisión el 3 de diciembre en base a un informe de la Oficina Legal y Constitucional.
El martes 3 de diciembre la Mesa Directiva del Congreso autorizó contratar con recursos públicos la defensa legal para los congresistas Francis Paredes (Podemos Perú), Jorge Flores (Podemos Perú) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) frente a las investigaciones que afrontan.
La congresista Francis Paredes fue incluida en una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por presunta organización criminal y tráfico de influencias por el caso Los Niños.
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Su colega Jorge Flores fue incluido en las investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación por presunto cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico.
Como se sabe, Flores afronta una indagación por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. El 18 de setiembre había sido suspendido 30 días tras ser sancionado por la Comisión de Ética del Congreso en el caso "Mochasueldos".
El fujimorista Fernando Rospigliosi fue demandado ante el Décimo Juzgado Penal Unipersonal por presunta difamación.
Los tres solicitaron que se les contrate el servicio legal para que se defiendan ante estos casos. La Mesa Directiva, con el aval del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), y sus vicepresidentes Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País) aprobaron el pedido.
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La decisión se basta en un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Cabe recordar que para la fecha en que la Mesa Directiva toma esa decisión, dicha oficina era liderada por Jorge Torres Saravia, exfuncionario investigado por una presunta red de prostitución en el Parlamento.
Torres Saravia fue destituido de ese cargo el 13 de diciembre.
La Oficina Legal y Constitucional concluyó que los funcionarios tienen derecho de contar con la defensa y asesoría legal en los procesos en su contra. En caso pierdan y se demuestre su culpabilidad, deberán devolver el dinero que el Estado gastó para patrocinarlos.
Acuerdo de Mesa Directiva del 3 de diciembre de este año
