Congreso: nuevo faenón de contrarreformas electorales

En una sola jornada, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó dos dictámenes de contrarreformas en materia partidaria y electoral. Los textos fueron sancionados con una muy opaca deliberación y, al contrario, primó el contrabando normativo.

Un primer dictamen aprobado está relacionado con la forma de elección del futuro sistema bicameral, pero Rospigliosi aprovechó para incorporar, al final del texto, fórmulas complementarias sobre las elecciones regionales y municipales. Y todo lo agregado no es para mejorar la democracia. Al contrario, ahora pretenden imponer la designación a dedo de los candidatos para alcaldes y gobernadores regionales desde las cúpulas, incluyendo a personas no afiliadas.

El segundo dictamen es sobre el financiamiento de partidos y, en este punto, la comisión incluyó un artículo para que los ciudadanos peruanos paguen los honorarios de los abogados de los dueños de las organizaciones políticas.

Contrabando naranja

El texto sobre las reglas de juego para la futura elección de senadores y diputados ha sido revisado desde el periodo parlamentario anterior. Martha Moyano, expresidenta de la Comisión de Constitución, ya tenía una propuesta de predictamen, para el incremento del número de parlamentarios.

Si actualmente tenemos 130 congresistas, en las elecciones del 2026, los peruanos tendrán que elegir al menos a 237 parlamentarios, entre senadores y diputados. Es decir, un aumento en más de un centenar y la cifra podría ser aún mayor.

La fórmula aprobada precisa que se elegirá a un diputado por cada 160.000 electores. En los comicios del 2022, el número de electores fue de 24,7 millones de peruanos. Según este cálculo, tendríamos al menos 158 futuros diputados.

El cálculo es similar y tendríamos, en consecuencia, al menos 79 senadores. Por ahora, 237. Pero la cifra será mayor, debido al aumento de electores proyectado hacia el 2025, año de la convocatoria a elecciones.

Esto ya era más o menos conocido. Pero ayer, Rospigliosi incorporó al final de la fórmula legislativa un párrafo de contrabando que se trae abajo la democracia interna y la obligatoriedad de la afiliación.

De acuerdo con el texto, los dueños de los partidos podrán designar a dedo hasta al 30% de las listas municipales y regionales, lo cual incluye a los candidatos para los alcaldes y gobernadores regionales.

Algo más: esta designación a dedo podrá ser entre personas afiliadas o no a los partidos.

En buena cuenta, las futuras elecciones internas serán simbólicas, ya que todo lo decidirán las cúpulas y dueños de los partidos.

Caviarismo

El grupo de Constitución aprobó un segundo dictamen sobre financiamiento de partidos. Este texto incluye un cambio según el cual, en adelante, los peruanos pagarán los honorarios de los abogados contratados para la defensa de los dueños de los partidos políticos.

Dichos pagos serán efectuados a través del financiamiento público directo. Es decir, esta modificación autoriza a los grupos políticos que actualmente reciben dinero del Estado para que puedan usar dichos fondos para pagar a los abogados de los líderes o dueños de los partidos.

La norma actual establece que los partidos pueden usar hasta el 50% del dinero público para la adquisición de inmuebles, bienes y la contratación de servicios. De hecho, Fuerza Popular ya había usado parte del fondo público para el pago de abogados en general.

Sin embargo, lo aprobado ayer establece de manera más directa que el dinero público podrá ser usado para pagar “servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política, (así) como a sus directivos, representantes y voceros”.

El dictamen no establece límites y la reforma surge en un contexto en el que líderes de grupos políticos enfrentan investigaciones o procesos, como es el caso de José Luna o el prófugo sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón o la procesada por organización criminal Keiko Fujimori. Pero la reforma beneficia a todos los dueños y directivos de los partidos.

Ambos dictámenes ahora serán remitidos al pleno para el debate y votación final.