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Política

Congreso fuerza una irregular inhabilitación contra Salvador del Solar

Inconstitucional. El exministro pide que archiven la acusación en su contra por la disolución del Congreso, porque el plazo ya venció. Pero la coalición parlamentaria no detiene su persecución sin fundamentos. 

Venganza. Salvador del Solar es perseguido por la disolución del Congreso del 2019.
Venganza. Salvador del Solar es perseguido por la disolución del Congreso del 2019.

La coalición congresal pretendería saltarse lo que manda la Constitución con el objetivo de concretar, a toda costa, una acusación constitucional contra el ex primer ministro Salvador del Solar para inhabilitarlo de la función pública.

El exministro ha pedido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) archivar la denuncia constitucional en su contra por la disolución del Parlamento, el 30 de setiembre del 2019. La razón es que ya vencieron los cinco años para poder someterlo a un juicio político.

Ese plazo se cumplió el 30 de setiembre de este año.

El artículo 99 de la Constitución es claro: el plazo de cinco años para presentar una acusación caducó. Me defendí con argumentos sólidos ante las denuncias. Pero el tiempo se terminó. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe proceder al archivo”, manifestó Del Solar.

Sin fundamento

El juicio político contra el exministro acumula tres denuncias constitucionales, una de ellas fue presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien se opone a que el caso sea archivado.

“Es prerrogativa del Congreso continuar con una denuncia constitucional, incluso si el antejuicio político ha prescrito, ya que esta prescripción se limita exclusivamente a ese ámbito y no afecta el juicio político”, escribió en su cuenta de X.

Informe determinante

El abogado constitucionalista Luciano López, quien ejerce la defensa del exministro Del Solar, manifestó que existe un informe de opinión consultiva de la Comisión de Constitución del 2007, que precisa que el plazo de caducidad del juicio político es de cinco años.

La República revisó el documento y, en efecto, en sus conclusiones señala lo siguiente: “En el caso del antejuicio político por delitos funcionales, al término del plazo, caduca la prerrogativa de la antesala congresal, habilitándose la jurisdicción penal para procesarlo; por tanto, el Congreso debe remitir las denuncias en el estado que se encuentran al Ministerio Público. En el caso de juicio político, concluye la posibilidad del Estado de sancionar faltas graves”.

A defender sus derechos

Los informes de opinión consultiva son vinculantes para los congresistas. Pero en caso de que insistan con acusar a Del Solar, López anunció que interpondrá una demanda de amparo. “No tengo otra alternativa que ir a la justicia constitucional. Sería muy absurdo porque desconocerían el propio criterio parlamentario”, comentó.

El abogado constitucionalista Omar Cairo manifestó que Del Solar estaría en su derecho de cuestionar en el fuero judicial una posible acusación constitucional. “Y como el Tribunal Constitucional lo ha establecido, los jueces de amparo pueden privar de eficacia los actos del Congreso”, explicó.

El caso de Del Solar tiene como delegado al congresista fujimorista Héctor Ventura, quien es el responsable de presentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final sobre esta denuncia constitucional que también involucra al expresidente Martín Vizcarra y al exministro Vicente Zeballos.

Los plazos del antejuicio y juicio político

El artículo 99 de la Constitución incluye a los ministros como pasibles de acusación constitucional por antejuicio y juicio político. En el caso de ex altos funcionarios, el Congreso puede someterlos a este proceso hasta cinco años después de que dejaron el cargo.

El antejuicio es cuando el Congreso acusa a un alto o ex alto funcionario por delitos. El juicio político es cuando le sindican infracciones a la Constitución y lo sancionan con la inhabilitación de la función pública.

Salvador del Solar dejó de ser ministro el 30 de setiembre del 2019. Los cinco años de plazo para acusarlo terminaron el mes pasado.