Salvan al Congreso de millonaria multa por negligencia en muerte de trabajador parlamentario

A pesar de que el economista Gustavo Trujillo Benguer falleció a los 44 años de edad, el lunes 4 de marzo de 2019, en las instalaciones del Congreso de la República, su caso ha vuelto a cobrar relevancia luego de que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) retrocediese —durante este 2023— respecto al informe que emitió su área de Intendencia de Fiscalización, en el que se decidió aplicar una millonaria multa al Parlamento por presuntas negligencias cometidas durante la atención del asesor parlamentario en el tópico de la institución. El nuevo documento libra de toda responsabilidad a este poder del Estado.

Esta historia ocurrió el lunes 4 de marzo de 2019, según reveló ‘Cuarto poder’. El economista Gustavo Trujillo Benguer llegó a trabajar como lo hacía habitualmente en el despacho del entonces congresista fujimorista Ángel Neyra Olaychea. Tras sentir un fuerte dolor en el pecho —el segundo en aquella semana—, acudió al tópico del Congreso de la República, una hora después empezó a perder los signos vitales ante la vista y paciencia del personal de salud de esta área.

“Ese 4 de marzo, Gustavo sale como cualquier día de semana, un lunes, y se dirige a su trabajo, él era uno de los asesores de un congresista y su lugar de trabajo era el Congreso de la República. Le viene un dolor en el pecho y se va al tópico del Congreso, llega al tópico y le dan un alprazolam, una pastilla para que se calme porque debe ser estrés. Hasta que una vez que se cae de la camilla comienza la reacción. Eso es lo indignante”, indicó su esposa, Vanesa Ingar, quien ahora debe cuidar sola a los dos hijos que tuvo con el también profesor universitario.

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Una cámara de seguridad registró a Trujillo Benguer entrar y salir del tópico tres veces.  Si bien una enfermera del Congreso ya había evaluado sus signos vitales, el economista recién entró a consulta a las 10.15 de la mañana. Unos 20 minutos después de llegar al tópico, fue atendido por dos médicos de la clínica Internacional debido al convenio que tenía el Legislativo con la compañía de seguros Rímac. Le hicieron un electrocardiograma que, según la entonces doctora de la clínica internacional Giovanna Alcalde Mostacero, no presentaba alteraciones aparentes.

“Al verlo lloroso y angustiado refiriendo tener gran estrés por la carga laboral, se le administra media tableta de alprazolam. Aproximadamente, ocho minutos después la doctora Alcalde escucha un golpe fuerte, sale de inmediato y encuentra al paciente en el suelo y de cúbito ventral. Procede a voltearlo con apoyo del técnico Luis Flores y la doctora Gabriela Landeo, quien inicia las compresiones torácicas al evidenciar ausencia de pulso”, dice el informe médico elaborado en aquella época.

El informe revela, además, que mientras Gustavo Trujillo Benguer iba perdiendo los signos vitales, el personal del tópico no tenía a la mano los equipos necesarios para atender esa emergencia: “Al mismo tiempo, la doctora Alcalde solicita un tubo de mayo para mejorar la ventilación del paciente y solicita el desfibrilador, el cual es traído por el personal de enfermería desde la ambulancia. Se colocan los parches de la DEA, se realiza la primera descarga y se continúa con las compresiones torácicas por parte de la doctora. En esa parte del proceso no tenemos tiempos exactos”.

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Los esfuerzos por reanimarlo eran inútiles. Miguel Marquina, jefe del grupo funcional del servicio médico del Congreso de la República, corre hacia la unidad (ambulancia) para traer una camilla. Luego el paciente es rodeado por siete personas para ser trasladado.

En las horas registradas en el mencionado informe se evidencia una demora en el traslado del economista, quien llegó sin vida a la clínica.

Susalud retrocede y cambia informe para evitar millonaria multa

El informe de la Superintendencia Nacional de Salud, inicialmente, recomendaba imponer una millonaria multa contra el tópico del Congreso por haber atendido sin el registro de Susalud a Gustavo Trujillo y por no haberse realizado un debido seguimiento a los síntomas del trabajador parlamentario luego de recetarle el alprazolam. También se descubrió que el tópico no contaba con un desfibrilador para casos de emergencia, un detalle que puede ser de vida o muerte.

Susalud tomó conocimiento de que el caso sería público, por lo que emitió una resolución final en la que se absuelve de responsabilidad al Congreso. Argumentó que como no se puede determinar si el tópico califica como una institución prestadora de salud, no le corresponde a Susalud aplicar una sanción, la cual estaba estipulada en un millón de soles.

“Cómo es posible que en un informe donde se sanciona e incluso se calcula la multa que se le pone al Congreso de 206 UIT quede desestimado para que luego salga una resolución en la que se absuelve de toda culpa a esa IPRES que no cumple con las normas, contradiciéndose la misma Susalud, el ente que debe velar por que se cumplan los servicios de salud como debe ser. Esto es indignante”, dice Vanesa Ingar.

En tanto, Miguel Marquina, jefe del grupo funcional del servicio médico del Congreso de la República, quien estuvo presente durante la atención y evacuación del economista, se niega a declarar sobre lo ocurrido aquel día: “Yo no estoy autorizado, como trabajador no puedo dar ninguna declaración si no estoy autorizado”.