Política

Congreso: Rosselli Amuruz solicita a Dina Boluarte suspender financiamiento para la OEA

La vicepresidenta del Congreso precisó en el documento que "es penoso" que instancias internacionales "protejan a los terroristas". 

Rosselli Amuruz considera que instancias internacionales defienden a los terroristas. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/John Reyes/LR/Congreso
Rosselli Amuruz considera que instancias internacionales defienden a los terroristas. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/John Reyes/LR/Congreso

La vicepresidenta del Congreso Rosselli Amuruz presentó una moción en la que solicita a la presidenta Dina Boluarte suspender los aportes que el país realiza a la Organización de Estados Americanos (OEA) y tomar decisiones para defender la democracia y los derechos humanos.

"Exhortar a la señora presidenta constitucional de la República adoptar las medidas urgentes ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a fin de encontrar decisiones acordes a la defensa de los principios que rige la democracia y los derechos humanos". (...) Evaluar la suspensión del pago de cuota para el fondo regular de la OEA, ascendente a más de US$968.500,00 dólares americanos", precisaron en el documento.

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 Vicepresidenta del Congreso solicitó "adoptar medidas urgentes" ante la OEA. Foto: Congreso

Vicepresidenta del Congreso solicitó "adoptar medidas urgentes" ante la OEA. Foto: Congreso

En este contexto, la parlamentaria de Avanza País recordó la época de violencia en el país y lamentó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), según ella, haya optado por tomar decisiones a favor de los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Agregó que "es penoso" que instancias internacionales "protejan a los terroristas".

"El esfuerzo para fortalecer nuestro sistema democrático, el país desde la década del 80 ha pasado por un proceso de terrorismo con atentados crueles en agravio de nuestra población, cuyos líderes y militantes terroristas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), lamentablemente, han obtenido decisiones favorables en el SIDH. Es penoso para nuestra democracia en América Latina que tanto la Comisión IDH y la Corte IDH protejan a los terroristas. Gran parte de ello recae en la labor de los órganos que son competentes para la defensa del Estado peruano ante estas instancias internacionales", señaló.

"Se aborde en el seno de la Asamblea General de la OEA, que se impida el financiamiento del SIDH con aportes de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de garantizar la neutralidad e imparcialidad en las decisiones sobre los Estados de la región", añadió.

"Corresponde a presidente de la República celebrar y ratificar tratados"

Amuruz Dulanto, además, indicó en el documento que a la presidencia de la República le corresponde celebrar y ratificar tratados; por ello, resaltó que el Estado Peruano continúa pagando cuotas para el SIDH y esta institución, en lugar de proteger los derechos humanos, obtiene "sentencias en protección a terroristas".

"Corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar y ratificar tratados. En este extremo, es la oportunidad de que el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 6.°, literal e del Reglamento, exhorte al Jefe de Estado lo pertinente para fortalecer la defensa jurídica del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", indican.

"El Estado peruano continúa pagando las cuotas anuales ascendentes a US$968.500,00 dólares americanos, para que el SIDH, en lugar de conjugar esfuerzos en la protección de los derechos humanos, obtenga sentencias en protección a terroristas que inspiran modelos tiranos", agregó.

En tanto, también mencionó que se debe priorizar que el Estado peruano presente candidatos para conformar la CIDH y Corte IDH, dado que la CADH solo señala como requisito para ser elegido como integrante tener "alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos".

 Rosselli Amuruz precisó que "el Estado peruano continúa pagando las cuotas anuales ascendentes a US$968.500,00 dólares americanos". Foto: difusión

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