Plantean proyecto para derogar polémica ley que salvó a Alejandro Soto de cumplir condena
A pesar de que lo negó, documentos confirmaron que Alejandro Soto evitó una condena de 8 años y 8 meses acogiéndose a ley por la que él votó.
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La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú planteó —a través del proyecto n.° 5685/2023-CR— la derogación de la polémica Ley 31751, también conocida como 'ley Soto'. Esta salvó al actual presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, de cumplir una condena de 8 años y 8 meses de prisión por el delito de estafa. El PL señala que la norma contribuye al debilitamiento de la imagen del Parlamento.
“De modo que la ley aprobada parece no tener ningún interés legítimo y técnico para mejorar o precisar la regulación vigente, sino el de cumplir un objetivo político: blindar a personas que tenían procesos penales pendientes, resolviéndolos en aplicación de esta ley modificatoria que reduce el tiempo para la prescripción. Tan evidente resultaron sus fines que, apenas se aprobó, distintas autoridades y personajes políticos se han visto beneficiados con su dación”, se lee en el PL.
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El proyecto denominado como ‘Proyecto de ley que elimina la reducción del plazo de la prescripción penal y deroga la Ley 31751’ tiene como autores a Ruth Luque Ibarra y Roberto Helbert Sanchez Palomino.
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La 'ley Soto' fue inicialmente denominada 'ley que modifica la suspensión del plazo de prescripción' en el nuevo Código Penal y fue cuestionada desde un inicio, al advertirse que era una norma que contaba con una amplia probabilidad de beneficiar a los investigados, como es el caso de los cabecillas en el caso de Los Cuellos Blancos, como César Hinostroza. La sorpresa se dio ahora que resulta que, entre esos indagados, también estaba Soto.
La norma modificó el artículo 84 del Código Penal y estableció un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. La iniciativa se dio con el objetivo de que las investigaciones y procedimientos por diferentes casos se realicen con mayor rapidez; sin embargo, existe una serie de indagaciones por delitos menores que podrían resultar afectadas con la disposición que ya fue promulgada con apoyo de Alejandro Soto.
Finalmente, Soto Reyes negó haberse acogido a la Ley n.°31751 para librarse de una acusación fiscal de 8 años y 8 meses por estafa y falsedad genérica. Sin embargo, el 24 de julio, 24 horas antes de ser elegido Soto como presidente del Congreso, el juez Carlos Román Gil declaró prescrito los delitos y ordenó el archivamiento de los casos contra el legislador, basándose en la polémica iniciativa. En el debate y aprobación de la norma intervino el propio Alejandro Soto.
