Fuerza Popular sugiere que víctimas de protestas fallecieron a causa de actos terroristas

La congresista Martha Moyano de Fuerza Popular presentó este miércoles 2 de agosto un proyecto de ley que plantea establecer un marco normativo del Plan Integral de Reparaciones (PIR), el cual está dirigido a las víctimas de la violencia armada durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del 2000, conforme a las conclusiones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La iniciativa de la parlamentaria fujimorista también incluye a “las víctimas de terrorismo ocurrido de diciembre del 2000 a junio del 2023”. En el documento de la propuesta se sugiere que las víctimas mortales —más de 60 vidas perdidas— de los últimos meses, podrían “ser producto de actos terroristas”. Sin embargo, como se ha comprobado en imágenes y videos de manifestantes, personas de a pie y cámaras de seguridad, las muertes fueron causadas por miembros de la PNP y el Ejército. En dicho documento se mencionan, además, las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, y el daño a la infraestructura pública y privada.

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“También podrían considerarse actos terroristas las acciones perpetradas en las marchas realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 calificadas como Toma de Lima, que dejo un saldo de más de 60 fallecidos, edificios públicos destruidos, comisarias, viviendas de congresistas, al igual que muchos negocios privados, destacando el incendio del edificio Marcionelli, cuya construcción data de los años 20, ubicado en el jirón Carabaya en el entorno de la plaza San Martín, Lima. Éstas marchas destacaron por su crueldad, manifestada en la muerte de animales, considerados mascotas de efectivos policiales y por el hecho de quemar vivo a un policía en la localidad de Juliaca, Puno, el 10 de enero de 2023”, se lee en el proyecto de ley. No obstante, el derecho a manifestarse está amparado por la Constitución Política del Perú y no puede ser considerado un acto terrorista. Además, está comprobado que el policía calcinado no fue quemado vivo. La necropsia confirma que la muerte del agente Soncco se debió a “un objeto contundente” y sugiere que el suboficial primero habría sido ejecutado y posteriormente su cadáver habría sido colocado al lado de un patrullero policial en llamas. La difusión de esta mentira, que el policía fue quemado vivo por los manifestantes, solo ratifica el terruqueo al que son sometidos los que se pronuncian contra la tiranía del actual gobierno.

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Por otro lado, Moyano insiste en que los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte han recibido un trato diferente al de las víctimas de la violencia del conflicto armado interno: “Actualmente las víctimas de esa violencia que podría calificarse de terrorista no han recibido ninguna reparación del Estado, en su calidad de personas discapacitadas, viudas o huérfanos, y no existe motivo alguno para que no haya un trato igualitario con las víctimas de la violencia terrorista ocurrida entre los años 80 y 2000”. En ese sentido, la congresista equipara la violencia terrorista de esos años, ejercida por criminales, con la legítima protesta de los últimos meses, ejercida por manifestantes, quienes, haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, las elecciones generales y una asamblea constituyente, propuestas que se alinean con el sistema democrático. Cabe señalar que las víctimas del conflicto armado interno de los años 80 no solo perecieron a manos de grupos terroristas, sino también a manos del Estado.

El Plan Integran de Reparaciones está compuesto por los siguientes programas: restitución de derechos ciudadanos, reparación en educación, salud, reapariciones colectivas, simbólicas, promoción y facilitación al acceso habitacional, acceso a puestos de trabajo y otros programas que la Comisión Multisectorial apruebe.

Finalmente, como dispersión complementaria, se dispone que el Poder Ejecutivo realice las acciones pertinentes para priorizar el cumplimiento de los programas que componen el Plan Integral de Reparaciones (PIR) y que el Ministerio de Justicia adecúe la normativa reglamentaria necesaria para el cumplimiento de dicha normativa, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su vigencia, en caso fuese aprobada.