Comisión Permanente da luz verde a la SAC para investigar a congresistas acusadas de recorte de sueldos

La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para realizar una investigación y elaborar un informe respecto a las denuncias constitucionales en contra de las congresistas de Alianza para el Progreso Rosío Torres, Magaly Ruíz, María Acuña y la parlamentaria no agrupada Katy Ugarte, quienes son acusadas de presuntamente haber recortado sueldos a sus trabajadores.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, la SAC deberá respetar el plazo otorgado por la Comisión Permanente. De considerarse necesario, se podrá solicitar una prórroga que no exceda un plazo adicional de 15 días. El informe final deberá ser aprobado por los integrantes de la Subcomisión con una votación que supere la mayoría simple del total de miembros.

Por otro lado, a nivel de la Fiscalía de la Nación, María Acuña, Magaly Ruíz, Katy Ugarte y Rosío Torres tienen una investigación fiscal abierta por el presunto delito de concusión, el cual está establecido en el artículo 382 del Código Penal.

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“Concusión. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años”, se lee en el Código Penal.

Casos de las 4 ‘mocha sueldos’

En el caso de Katy Ugarte se le acusa de que solicitaba entre S/300 a S/400 a sus trabajadores como “aparte voluntario” para mejorar su imagen como parlamentaria en Cusco, región a la que representa. Aquí cobra relevancia Wilber Felices Villafuerte, hombre de confianza de la parlamentaria, quien era el encargado de recolectar el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña.

En cuanto a Rosío Torres (APP), se le acusa de recortar la remuneración de los trabajadores de su despacho parlamentario. La primera denuncia que salió a la luz involucraba al menos a cinco colaboradores del Congreso, a quienes Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino y coinvestigado de la congresista Torres, les solicitaba una parte de su salario. Tras ello, salieron a la luz dos nuevos casos.

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Por el lado de María Acuña Peralta (APP), se hizo público un audio de la legisladora negociando con uno de los trabajadores de su despacho en Chiclayo para evitar ser denunciada. La víctima señaló que solo ganaba S/1.000 como coordinador de la Oficina Descentralizada de Acuña Peralta, en la ciudad de Lambayeque. Su remuneración, según lo establecido, debía ser de S/4.000.

Finalmente, Magaly Ruíz (APP) fue denunciada por un extrabajador de su despacho identificado como Carlos Marina, quien ingresó a laborar a la Comisión de Protección a la Infancia, presidida por la apepista, le pusieron una condición dar un aporte voluntario de S/1.500 y una colaboración extra de S/300. Todo quedó registrado en transferencias bancarias.