Pedro Castillo: Fiscalización aprueba informe final que recomienda acusar al exmandatario y su entorno
El grupo de trabajo presidido por Héctor Ventura propone formular acusación constitucional contra el expresidente de la República.
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La Comisión de Fiscalización, liderada por el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, sesionó este viernes 12 de mayo para definir la situación del expresidente Pedro Castillo. El grupo parlamentario plantea formular una acusación constitucional contra Castillo Terrones por los presuntos delitos de comisión del delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. El grupo de trabajo expone también al entorno del exmandatario en el que se encuentran el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, así como su sobrina Yenifer Paredes.
En junio del 2022 este mismo grupo de trabajo aprobó informe que recomendaba investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido el presidente de la República Pedro Castillo, ministros de Estado y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” y “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.
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Este 2023, la comisión presidida por el fujimorista Ventura aprobó con 9 votos a favor, uno en contra y una abstención en su vigésima primera sesión extraordinaria. Esta aprobación busca esclarecer los presuntos delitos de corrupción que habrían surgido de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín.
El informe de la Comisión de Fiscalización asegura que hay “indicios razonables” para acusar a Castillo Terrones y a su entonces ministro de Vivienda por favorecimientos a empresarios respecto a obras de agua y saneamiento por S/ 4 millones. Héctor Ventura y quienes integran esta comisión del Congreso, acordaron entregar el informe a la Fiscalía de la Nación.
Los presuntos favorecidos serían el alcalde José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Abel Cabrera Fernández y Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, estos últimos conocidos como “Los chiclayanos”.
