Política

Congreso está en la mira de la Contraloría por gasto en buffets

El titular de la Mesa Directiva, José Williams, recién pidió este lunes una auditoría, la Contraloría ya había iniciado un proceso de recopilación de información el 21 de febrero. De no ser por la prensa, el despilfarro hubiera pasado por alto. 

No tienen legitimidad. Según la encuesta del IEP, solo el 6% de la población aprueba el Congreso.
No tienen legitimidad. Según la encuesta del IEP, solo el 6% de la población aprueba el Congreso.

Recién cuando quedó en evidencia —gracias a diversas denuncias periodísticas— que en el Congreso se despilfarraba el dinero a favor de los legisladores, el presidente de esta institución, José Williams, pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría a las compras y contrataciones del Poder Legislativo.

"Solicitamos se sirva disponer la realización de una auditoría de cumplimiento y/o servicio de control específico a las siguientes contrataciones ejecutadas por la Administración del Congreso de la República", dice la carta enviada por José Williams a Nelson Shack.

El requerimiento comprende revisar la adquisición de alfombras en el Congreso y las dos pantallas led/video wall, el servicio de alquiler de un inmueble como estacionamiento vehicular y el servicio de alimentación.

Antes de que Williams envíe este oficio, la CGR ya había tomado cartas en el asunto. El 21 de febrero, este órgano de control inició un “servicio de recopilación de información” por el famoso buffet de los parlamentarios durante los días de pleno. Este es un proceso para que la Contraloría determine si se debe realizar una auditoría.

Los auditores encomendados para esta revisión son Anthony Bryan Salas Rodríguez y Sonia Marcela Serruto Díaz. Así lo confirma el auditor general del Congreso, Fabio Díaz.

Ahora está en manos de esta institución determinar si hubo irregularidades en las compras y contrataciones del Congreso durante la gestión de José Williams.

Hasta el 2019, el jefe de la Oficina de Control Interno del Legislativo era nombrado por esta misma institución, pero la gestión de Daniel Salaverry, en la Mesa Directiva, pidió que sea la Contraloría quien designe su jefe de OCI en el Parlamento.

"Nosotros llevamos a nuestro jefe de OCI y es el que desarrolla con gente administrativa del Congreso, porque logísticamente se necesita una secretaria para el trabajo. Fue un acuerdo que les explicó el contralor Shack, por aras de la transparencia", cuenta una fuente de este órgano de control. Ahora este caso está en manos de la Contraloría para determinar sí hubo irregularidades.

Gastos excesivos

El escándalo comenzó el 19 de febrero, cuando ‘Cuarto poder’ reveló que desde hace dos meses, en cada día de sesión del pleno, el valor del desayuno de un legislador se incrementó de S/5 a S/31 y su almuerzo y cena de S/15,90 a S/80, respectivamente.

El último domingo, además, ‘Panorama’ informó que el Parlamento también aprobó gastar S/315.000 para remodelar alfombras de cinco espacios del Palacio Legislativo y alquilar un inmueble por S/1.620.000.00. como cochera.

Parcial retroceso

Ayer, en conferencia de prensa, la Oficialía Mayor del Congreso dejó sin efecto los buffets de los congresistas en las sesiones de pleno. “A partir de la fecha se le está pidiendo al comedor que haya una atención con menú variado, con los diferentes temas de nutrición, pero que va a ser cubierto por el usuario y no por el presupuesto del Congreso, ni siquiera en las sesiones parlamentarías”, dijo el director general de Administración del Congreso, Pablo Noriega.

Sobre la compra de alfombras, el jefe de Logística, Victoriano Hoyos, intentó justificarla. “Las alfombras no son las alfombras que cada uno podría tener de repente en sus casas. Es diferente, aquí tenemos cables de data, de voz, de sistemas de conferencia, de todo tipo. Es decir, eléctricos, de audio, de fibra óptica, de video. Y sobre todo para alfombrar donde están las curules”, explicó.

Protección

El oficial mayor José Cevasco dijo que el titular del Congreso no tiene responsabilidad en el manejo administrativo. Fuentes del Parlamento comentaron a La República que un sector de la izquierda pretende censurar a Williams porque consideran que las decisiones adoptadas en las sesiones de la Mesa Directiva sí tienen repercusiones en el manejo administrativo.

Al cierre de esta nota, el abogado Javier Adrianzén presentó una denuncia contra el titular del Congreso ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de colusión debido al despilfarro de dinero con el buffet para los congresistas.

El oficio de Contraloría