Subcomisión aprueba acusar constitucionalmente a excongresista aprista Luciana León por 4 delitos

Casi un año después de que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, enviara la denuncia constitucional contra la excongresista aprista Luciana León, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomendó autorizar que la procesen por tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos.

Los miembros de la subcomisión debatieron el informe final elaborado por la parlamentaria Susel Paredes, el que fue aprobado por 14 votos, cuatro legisladores se abstuvieron y uno se mostró en contra.

De ratificarse esta decisión, se levantarían los privilegios que León tiene por haber sido congresista y podría ser sometida a proceso judicial por sus vínculos con los denominados como Los Intocables Ediles, presionando funcionarios para que aprueben obras a favor de la Municipalidad de La Victoria durante la gestión del exalcalde Elías Cubas, entre otros casos.

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La parlamentaria Paredes sustentó el informe y recalcó que “muchos de los elementos de convicción se basan en lo que se ha encontrado en el allanamiento del domicilio y el despacho de la señora excongresista”, como actas, documentos y números telefónicos.

En marzo del año pasado, la fiscal de la Nación envió la denuncia contra León por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

Según el Ministerio Público, la exparlamentaria “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios, así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.

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La congresista Paredes relató que el exalcalde de La Victoria era considerado el líder de la organización criminal y este se contactó con León para que actuara como su brazo político con influencias en el Ejecutivo para favorecerlo con obras.

“Elías Cuba derivaba las obras a través de concursos, todo bien estructurado porque tenía un equipo de abogados y contadores, para que la empresa de Alex Peña Quispe (su financista) las ejecutara”, refirió.

Destacó que en el levantamiento al secreto de las comunicaciones de la exlegisladora se hallaron conversaciones entre ella, ministros y directores generales que conciertan para favorecer a determinadas empresas.

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“No es el hecho de ir a hablar con el ministro, sino que a cambio de ir a hablar e influir, se reciba un pago. Según los elementos de convicción que están en este expediente, la excongresista habría recibido una mensualidad de 10.000 soles y una especie de honorarios de éxito de entre 80 y 100.000 soles por cada caso”, acotó.

El siguiente paso

Tras la aprobación del informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el caso debe ser visto en la Comisión Permanente y, si se aprueba, irá al Pleno para su debate y votación. En ambos casos, la exparlamentaria aprista tiene el derecho de acudir con un abogado para exponer su defensa.

Si se aprueba en ambas instancias, recién el Ministerio Público podrá formalizar la investigación preparatoria y seguir un proceso judicial.

Sesión sobre exministro Sánchez

La sesión inició con la denuncia al exministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. El fiscal adjunto Marcos Huamán lo acusa de rebelión y conspiración en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Sánchez lo negó y afirmó que se enteró de esta medida por la televisión junto con el entonces ministro Alejandro Salas. Dijo que, posteriormente, ingresó a la habitación donde estaba Castillo y le preguntó qué pasó, pero no obtuvo respuesta. La próxima sesión será el 6 de febrero a las 8 a. m.