Brookfield demanda al estado peruano por presunta expropiación de activos en Rutas de Lima ordenada por Rafael López Aliaga

Brookfield, gestor de fondos de inversión global con presencia y actual accionista mayoritaria de Rutas de Lima. ha iniciado un procedimiento arbitral internacional contra el Estado peruano por la presunta expropiación ilegal de activos en Rutas de Lima S.A.C. La compañía reclama una compensación superior a los US$ 2,700 millones.

La solicitud fue presentada el 12 de marzo de 2025 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.

PUEDES VER: López Aliaga busca control total de peajes y gasta más de S/5 millones para casos Rutas de Lima y Línea Amarilla

Brookfield denuncia violación del Estado de derecho

De acuerdo con un comunicado público, el Gerente Global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, Ben Vaughan, declaró que debido a las acciones de la Municipalidad de Lima, como inversionistas, la confianza se ha quebrantado.

"Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del Estado de derecho y la seguridad jurídica".

El reclamo de Brookfield se centra en las acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y otras entidades peruanas, incluyendo al Tribunal Constitucional, que según la empresa han impedido el cobro de peajes en uno de los tramos de la concesión. Además, denuncian la expropiación de otro tramo concesionado mediante ordenanzas municipales y acciones estatales contrarias al marco legal.

Antecedentes del conflicto

El conflicto entre Brookfield y la MML se remonta a varios años atrás. En noviembre de 2024, Rutas de Lima denunció a la gestión de Rafael López Aliaga por incumplir con la construcción de una vía alterna al peaje Chillón, lo que agravó su crisis financiera. Asimismo, la empresa exigió el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra hasta que se garantizara una ruta alternativa para el libre tránsito.

Recordemos que, desde marzo, el Tribunal Constitucional (TC) dictó que el cobro de peaje en Chillón debía suspenderse hasta que la Municipalidad de Lima construyera una nueva ruta. No obstante, la empresa ha denunciado que el municipio no ha tomado acciones para llevar a cabo esta disposición.

PUEDES VER: Rutas de Lima exige a la Municipalidad de Lima cumplir con sentencia del TC sobre peaje en Puente Piedra

López Aliaga y el manejo de los peajes

A pesar de prometer "no más consultorías" durante su campaña electoral, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha gastado más de S/5 millones en asesoramiento legal para los casos de Rutas de Lima y Línea Amarilla. En 2024, la MML contrató dos veces los servicios de la firma estadounidense Boies Schiller Flexner LLP para la revisión de estos proyectos viales. El primer contrato se firmó en marzo de 2024 y el segundo el 28 de noviembre del mismo año, evidenciando un esfuerzo por parte del alcalde para tener un control total sobre los peajes y proteger los intereses de la ciudad.

El reciente servicio contratado corresponde específicamente al peaje Chillón, el mismo por el que se ordenó la suspensión del cobro; sin embargo, dicha disposición se logró por el proceso que siguió la Asociación Casa Huerta Paraíso, no la MML. Según documentos oficiales, López Aliaga busca un trato directo con Rutas de Lima, que reclamó una compensación de S/109.2 millones por pérdidas derivadas de la suspensión. La MML desestimó esta solicitud, argumentando que las acciones que llevaron a la medida cautelar eran imputables a la concesionaria. Además, se señaló que Rutas de Lima incumplió con el mantenimiento de las vías y presentó retrasos en sus obligaciones, lo que podría derivar en la caducidad del contrato si la suspensión persiste más de 120 días.