Manuel Burga: “Preocupa mucho que el Perú se aísle del contexto internacional”
El historiador y director del Lugar de la Memoria responde sobre recientes decisiones tomadas desde el poder político que preocupan a los defensores de los derechos humanos.
El Lugar de la Memoria (LUM) organizó el noveno encuentro internacional “El deber de memoria, los desaparecidos” para analizar temas como la desaparición forzada y sus consecuencias. Su director, Manuel Burga, responde en esta entrevista sobre la importancia de seguir buscando a miles de víctimas para darles respuestas a sus familias.
Hay más de 22.000 personas desaparecidas en el Perú de acuerdo con el informe del RENADE de 2023. También hay desaparecidos en otros países de América Latina, como Colombia, Argentina. ¿Por qué esta política, considerada una solución final extrema, la encontramos tan presente en nuestros países?
Ciertamente, este noveno encuentro LUM es para debatir sobre el tema de desapariciones forzadas. Más obligados nos sentimos de compartir nuestras penas con aquellos que tienen familiares desaparecidos, que sufren solitariamente. Los Estados han decidido políticas de búsqueda de personas desaparecidas para visibilizar este fenómeno y que los familiares puedan compartir sus tristezas. Eso pretende el LUM. La desaparición forzada es la creación de muchas memorias de activistas, por saber qué pasó, conocer, la verdad, buscar sanciones y lograr que situaciones semejantes no se vuelvan a repetir. Estas políticas de desapariciones forzadas aparecen en el siglo XX, particularmente en la guerra civil española del 36 al 39, se desarrollan en la segunda guerra mundial del 39 al 45 y al final de esta, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, aparece la categoría jurídica de desaparecidos. Normalmente los desaparecidos son enterrados en fosas comunes y se busca no dejar huellas, pero han dejado huellas en el alma, muy presentes.
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Las desapariciones se convirtieron después en política estatal en América Latina.
Luego de Europa pasan a América Latina en los años 50 y se convierten en parte de las políticas de los gobiernos dictatoriales. Comienzan a ser práctica en Argentina, Chile y Colombia. Cuando las confrontaciones y las polarizaciones no permiten reconocer al otro, entonces se le desaparece. Se convierte en una práctica de subversivos y de contrasubversivos.
Alguien que busca un desaparecido en realidad nunca termina de cerrar su duelo. Es como un velorio que no termina o que quizás nunca empezó.
Enrique, es tan terrible que no permite el velatorio ni tener explicaciones. En el caso de desapariciones no hay cuerpos, hay cicatrices y esperanzas que se vuelven angustias en el mediano y largo plazo.
¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado peruano con la búsqueda de estas personas desaparecidas?
A mí me ha sorprendido, en primer lugar, que se cree el LUM. A partir de 2016 comienzan las políticas que van a permitir la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD). Es decir, empieza un reconocimiento. Luego se creó el Banco de Datos Genéticos que permite la exhumación de fosas comunes y la identificación. Además, se creó el Registro Único de Víctimas que también permite reparaciones, aunque sean simbólicas. Hay como un esfuerzo de contrición. Falta en el Perú que eso se generalice, que tanto subversivos como contrasubversivos hagan un acto de toma de conciencia. Nos lo están enseñando las poblaciones de base de la Nación, los campesinos de Huanta, de Cangallo, de Huancavelica y Apurímac, que comienzan a hacer acuerdos acuerdo de paz entre ellos.
Estuve indagando sobre lo que ocurre en la DGBPD. Hay preocupación en sectores familiarizados con su trabajo. Gisela Ortiz advirtió que se estaría buscando volverla inoperante. ¿considera que el gobierno actual está dándole la debida importancia a esta dirección?
Creo que estas instituciones van más allá de las personas. Cuando la institucionalidad es más fuerte, permite independizarse de quienes están a cargo. La DGBPD tiene a todo un equipo de investigadores, de gente que ha estado en Huanta, en Ayacucho, en Los Cabitos. Instituciones bien creadas pueden andar a diferentes velocidades, pero andan.
¿El actual director de la DGBPD, Javier Pacheco, es la persona idónea para conducirla?
Anoche (jueves) Javier Pacheco estuvo en el LUM, en la mesa inicial del encuentro, y vi que estaba departiendo con el equipo de la DGBPD. Espero que haya toma de conciencias y que realmente él, así como jueces y fiscales, tomen conciencia del puesto y se aparten de inhibiciones.
Desde el poder político se vienen diseñando y aprobando una serie de normas que han disparado la preocupación en sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué piensa de la ley que aprobó este Congreso para que los crímenes cometidos antes del año 2002 no sean considerados de lesa humanidad? Entre esos delitos está, precisamente, la desaparición forzada.
Ciertamente, preocupa mucho que el Perú se aísle del contexto internacional. La calificación de lesa humanidad partió después de la proclamación universal de los derechos humanos, del reconocimiento de lo que había pasado en la segunda guerra mundial y el holocausto. Eso forma parte de un consenso internacional. El Perú está en Naciones Unidas, en las cortes y en las comisiones de derechos humanos. No se puede, no es correcta la creación de una ley específica que vaya en contradicción con la reglamentación internacional. Si hay algo que ha pasado en los últimos 50 años es la internacionalización. Tenemos una serie de organismos mundiales, porque las luchas -en salud, economía, cambio climático- se vuelven internacionales. No será bien visto internacionalmente que el Perú reconozca solamente del 2002 en adelante (la lesa humanidad) cuando estamos en una época democrática.
¿Por qué cree que leyes como estas encuentran tierra fértil? Estamos yendo a contracorriente de una tendencia internacional.
Ciertamente. Hace cuatro días tuvimos la presencia de una delegación numerosa del pueblo Ashaninka que reclamaba más ciudadanía, más seguridad, más respeto a los derechos humanos, sentencias a los crímenes de lesa humanidad y lucha contra el cambio climático. Aislarte para defenderte no es una buena medida.
En el reciente Consejo de Estado se acordó que militares y policías sean procesados y juzgados en el fuero militar-policial con la excusa de darles un marco legal que los proteja en su accionar. ¿Una medida así va de la mano con la búsqueda de la justicia en el caso de abusos?
Crear foros privativos es desplazar la responsabilidad de los fueros judiciales, del Ministerio Público y del Poder Judicial. La experiencia de los foros privativos no dio los resultados que se esperaban. No sé si es algo momentáneo. En todo caso es una situación riesgosa y sería bueno que recurran a la memoria de lo que sucedió antes para que tomen nota y puedan hacer cosas mejores.
Usted fue rector de San Marcos. ¿Qué piensa de la agresión reciente a estudiantes por parte de matones en vísperas de una elección muy cuestionada?
Primera vez que había escuchado que grupos de matones entran a la universidad en estos 24 años del Siglo XXI. Me hizo recordar los años de una fuerte presencia aprista en San Marcos, donde el rector era acompañado por una guardia de seguridad. Después eso cambió y me sorprende mucho que se tenga que recurrir a matones, a personas pagadas como locadores de servicios para que repriman a estudiantes que habían tomado el campus en protesta. por irregularidades en las elecciones. ¿Por qué esta cosa de perpetuarse en el poder? La democracia se sustenta dando la voz y la voz se da a través del voto y de las protestas. Hay que escuchar y más aún en San Marcos.
¿Qué opinión tiene de la rectora Jeri Ramón?
Estoy sorprendido de que quiera reelegirse. Eso sería cambiar la Ley Universitaria de 2014. San Marcos es una universidad con tantos problemas económicos, de todo tipo. Hay una suerte de retraso por este poco inteligente abandono de la universidad pública, cuando hay universidades -como la de Sao Paulo, la UNAM, la de Chile- que son públicas y que permiten congregar a la diversidad de clases sociales en sus espacios, como un ejercicio de integración. San Marcos es lo contrario. Y eso ha traído repercusiones. Si los que conducen San Marcos no se dan cuenta de eso, realmente sería penoso.
Las manifestaciones de 2022-2023 fueron consideradas subversivas desde el Gobierno. Las protestas recientes contra la inacción frente al crimen organizado, las autoridades las relacionó con el Movadef. El vocero presidencial dijo que son traidores a la patria quienes se atrevan a salir a manifestarse durante el APEC. ¿Qué buscan quienes usan esas estrategias “terruqueadoras”? ¿Asustar?
Asustar. Lo que he visto en diciembre de 2022 y enero de 2023 son movilizaciones por el respeto a los derechos políticos de las poblaciones regionales de Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa. Querían reconocimiento ciudadano y eso me pareció un avance en la historia del Perú. Antes las luchas regionales habían sido por temas regionales: la minería, los puentes, las carreteras.
En efecto. Las protestas de 2022-2023 fueron por el respecto a derechos políticos generales más que por pedidos específicos de cada región.
Ahora fue una lucha ciudadana por el respeto a derechos políticos y lo que ha debido hacer el Congreso es dar explicaciones que sean satisfactorias para todos. Los ciudadanos han marchado para que se respeten sus derechos políticos, como haber ejercido el voto en sus regiones y provincias.
Hay una ofensiva radical por desacreditar lugares como el LUM, o el Ojo que Llora, que pretenden mantener viva la memoria de nuestro pasado reciente. ¿De qué manera se pueden defender estos lugares? ¿Por qué a ciertos sectores no les gusta hablar de memoria? ¿O es que pretenden que la historia se cuente como ellos pretenden?
Es cierto que hay una polarización que ha generado esta suerte de resistencia al LUM. pero hay 50 museos de la memoria en el mundo. El primero fue en África del Sur y Nelson Mandela fue uno de los propulsores para recordar el apartheid. En Alemania, los campos de concentración son museos de la indignación y la vergüenza. En el Perú el LUM es un museo de las víctimas. El Perú debería sentirse orgulloso de recordar malos momentos, de tratar de que formen parte de nuestra memoria y nuestra inteligencia para que esas violaciones masivas de derechos humanos no se vuelvan a repetir y no tengamos a 22 mil desaparecidos. El LUM nos recuerda eso. Yo creo que hay una demanda de mayor democracia, de mayor ciudadanía, de compartir un proyecto común y afectos. Ese es el secreto de las naciones: fraternidad. Sentir que hay gente que convive, que comparte la historia, que comparte un proyecto. La fraternidad obliga a un respeto entre los ciudadanos.
¿Y cree que nuestras autoridades –¿Gobierno, Congreso– respetan a los ciudadanos?
Esa es una buena pregunta, no te puedo responder, pero es una buena pregunta. Las mismas poblaciones que en los años 80 y 90 sufrieron afectaciones, el 15 de diciembre de 2022 y enero de 2023 han sufrido de nuevo afectaciones. Las mismas poblaciones. Eso no se debería permitir.