Hay preocupación por la dirección de búsqueda de personas desaparecidas
Gisela Ortiz, del Equipo Peruano de Antropología Forense y representante de las víctimas del caso La Cantuta, advierte que se buscaría que esa oficina termine en la inoperancia.
Existe preocupación por el futuro de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus) y que tiene como su principal función realizar la búsqueda humanitaria de quienes desaparecieron durante el periodo de violencia entre los años 1980-2000.
Su actual director general es el exprocurador general del Estado, Javier Pacheco.
Este último renunció a la Procuraduría en mayo luego de que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia repusiera en ese cargo a María Caruajulca, quien a su vez había sido nombrada y destituida en el Gobierno de Pedro Castillo.
Siendo procurador, Pacheco dispuso que se eliminaran dos unidades funcionales, entre ellas la encargada de asumir los casos contra altos funcionarios, creada durante la gestión de su antecesor, Daniel Soria. Alegó que así se hizo por la indebida contratación de funcionarios.
Asimismo, según informó El Comercio, el día en que Caruajulca retomó sus funciones en la Procuraduría, Pacheco habría ordenado formatear la computadora asignada a su despacho y que él usaba. Por ese motivo la Fiscalía inició diligencias por presunto delito informático.
En agosto, Pacheco llegó a la DGBPD, un puesto de confianza dentro de la estructura del Minjus.
La directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense y representante de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, mostró su inquietud por lo que podría terminar ocurriendo con una dirección que tiene a su cargo una tarea muy sensible.
Para Ortiz, el objetivo que se estaría persiguiendo es hacerla desaparecer o, en todo caso, irle quitando poco a poco presupuesto y funciones para que, con el tiempo, su ámbito de acción se reduzca a su mínima expresión.
Explicó que la actual política pública acerca de personas desaparecidas tiene un enfoque humanitario el cual se basa en la obligación de que el Estado las encuentre y sean entregadas a sus familiares para darles un entierro digno.
Esto es lo que, de acuerdo con Ortiz, se encontraría en peligro en estos momentos. “Es cierto que el señor Pacheco no tiene ni idea de que es la búsqueda de desaparecidos”, sostuvo la también activista por los derechos humanos.
Degradación
La periodista, Jacqueline Fowks, expuso en sus redes sociales que una de las acciones que se estaría adoptando en contra de la DGBPD es degradarla. Esto es, modificar su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de tal manera que desaparezcan sus dos unidades orgánicas: las direcciones de Registro e Investigación Forense y de Atención y Acompañamiento.
Para ello, según esta versión, la DGBPD ya no dependería directamente del viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y en cambio pasaría a depender de la Dirección General de Derechos Humanos.
“Los retrocesos en derechos humanos siguen en este gobierno de incapaces. Designan a personas sin conocimiento del tema, indiferentes, que no entienden del complejo proceso de búsqueda de desaparecidos y desarticulan la DGBPD, sin investigación ni acompañamiento”, dijo Ortiz al respecto.
La República buscó la versión del Minjus. Fuentes directamente relacionadas con la DGBPD afirmaron que su actual funcionamiento está regido por el ROF vigente y que no se tiene conocimiento oficial de que se esté pensando en modificarlo.
La frase exacta de una de las personas consultadas fue la siguiente: “No puedo negar ni tampoco puedo confirmar esa información. Si se está haciendo algo, no lo sé, no estoy al tanto. Todo el trabajo que se realiza es conforme a la ley”.
