Empresa Aruntani incumple con cierre de mina y reclama que el Estado se haga cargo
El Ministerio de Energía y Minas ha dispuesto la ejecución de una garantía de S/30 millones para mitigar la contaminación provocada por la mina Florencia Tucari, pero las operaciones de remediación alcanzan solo a dos de los 71 componentes de la unidad minera. Para cubrir la totalidad de los daños ocasionados por Aruntani se requieren cerca de S/1.000 millones.
La compañía minera Aruntani atribuye al Estado la contaminación de los ríos Coralaque (Moquegua) y Tambo (Arequipa), por demorar en completar el cierre de la unidad minera Florencia Tucari, donde la mencionada empresa ejecutó operaciones de explotación de oro a “tajo abierto”. Pero la historia es otra.
En 2009, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el Plan de Cierre de Minas de Florencia Tucari, lo que obligaba a Aruntani al cumplimiento de cierres progresivos de manera paralela con el desarrollo de las operaciones mismas.
Es decir, que aquellas áreas del proyecto que se fueran liberando se cerraran ambientalmente, para que al final no se generara daños, como la contaminación de ríos, ni tampoco se afectara la salud de la población.
Sorprendentemente, entre 2010 y 2016, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad a la que le correspondía fiscalizar el cumplimiento del Plan de Cierre de Minas, no efectuó ninguna supervisión a Aruntani. Por esta razón, no fue posible advertir tempranamente las señales de incumplimiento de los cierres progresivos a los que estaba obligada la empresa minera.
Recién en 2017, el OEFA inició la fiscalización de Florencia Tucari, y remitió seis informes a la Dirección General de Minería del Minem en los que advirtió el incumplimiento de los cierres progresivos por parte de Aruntani, la empresa que culpa al Estado por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo.
Durante un reciente juicio contra Aruntani en Arequipa, dos exfuncionarios de la empresa admitieron que existió contaminación de los ríos.
Los reportes del OEFA resaltaron especialmente que Aruntani no adoptó medidas de previsión y control para evitar que el agua de contacto de características ácidas, proveniente de la ampliación del botadero de desmonte, discurra por el suelo con presencia de vegetación y agua superficial, ubicadas en el bofedal de la margen derecha de la Quebrada Apostoloni.
Como resultado de esta situación, el OEFA ordenó, aunque un poco tarde, ejecutar a Aruntani un total de 42 medidas administrativas.
INSUFICIENTES GARANTíAS
Sin embargo, no se registró una respuesta adecuada de la Dirección General de Minería, que es el ente responsable de evaluar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre de minas. Esto es, entre otros, la estimación y sustento del presupuesto que debió exigirse en el plan de constitución de las garantías. Es decir, los recursos para consumar el cierre.
Por el contrario, la Dirección General de Minería no dispuso de acciones para incrementar las garantías contempladas en el caso Plan de Cierre de Florencia Tucari, con la finalidad de asegurar los montos necesarios para remediar los daños ocasionados por los incumplimientos de Aruntani, advertidos en seis informes emitidos por el OEFA.
Finalmente, en 2019, la Dirección General de Minería declaró el incumplimiento del Plan de Cierre por parte de Aruntani y dispuso la ejecución de las garantías que estaban vigentes antes de que OEFA emitiera sus informes. Las garantías ascendían a US$8.734.676 (alrededor de S/30.000.000).
Sin embargo, ese monto no cubre ni el 10% de lo que costaría remediar la situación en Florencia Tucari. El cierre ascendería a S/1.000 millones de soles, según informó Activos Mineros SAC (Amsac), la empresa estatal de remediación de pasivos mineros. La cifra se basa en estimaciones de la Consultora Cesel SAC.
Ante los recientes episodios de contaminación de los ríos Coralaque y Tambo, Aruntani pretendió atribuir a Amsac la responsabilidad. La República consultó con Amsac y ofreció una versión distinta a la de Aruntani.
De acuerdo con Amsac, mediante convenios celebrados con el Ministerio de Energía y Minas, se le encargó la ejecución de acciones de mitigación para controlar parcial y temporalmente el grado de contaminación de Florencia Tucari (de la empresa Aruntani), limitado a dos componentes de los 71 existentes en la unidad minera. Entre otras acciones se contempló el ordenamiento de canales de captación y derivación de las aguas ácidas para evitar que discurran hacia el río Margaritani.
No se le encargó a Amsac la remediación de todos los componentes de Florencia Tucari, para lo que se requiere un presupuesto aproximado de S/1.000 millones.
La contaminación de los ríos se debe al incumplimiento del Plan de Cierre de la mina de Aruntani.
De hecho, la propia empresa Aruntani afirma que ha gastado alrededor de US$40 millones en labores de remediación, lo que en la práctica es un reconocimiento de que ha invertido poco frente a los S/1.000 millones que se requieren, como se ha indicado.
SACANDO EL CUERPO
Consultada por La República, la minera Aruntani negó tener responsabilidad por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo. Según sus voceros, el problema obedece a la demora en ejecutar el cierre de la unidad minera Florencia Tucari, por parte del Estado, e indicaron que para dicho fin, ya se cuenta con el dinero proveniente de la garantía ejecutada por la Dirección General de Minería.
Sin embargo, como se ha indicado, los S/30 millones es solo para dos componentes de la unidad minera Florencia Tucari.
La empresa Aruntani asegura también que solicitó continuar con la ejecución de las actividades de cierre, pero esto fue observado por el OEFA, ratificando su posición de que las actividades de cierre ya no son su responsabilidad sino de la Dirección General de Minería.
Empero, no es tan simple como parece.
La Ley General del Ambiente establece que el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes, debe ser asumido por los causantes de los impactos. En este caso, por Aruntani.
Recientemente, el 3 de septiembre, el juez Leónidas Rojas Equiapaza, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dispuso que la minera Aruntani pague una reparación de S/5 millones por la contaminación de los rios de Moquegua y Arequipa, derivada de las operaciones en la unidad Florencia Tucari.
Durante las audiencias, los exfuncionarios de Florencia Tucari, Abel Yurivilca Puchoc y Eduardo Delgado Díaz, admitieron que la contaminación de los ríos se originó por los residuos ácidos de la mina de Aruntani.
En el curso del proceso judicial, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam) requirió que la reparación civil se cifrara en S/26 millones, ya que hasta el momento el Estado ha desembolsado más de S/21 millones en tareas de remediación en solo algunas áreas, como se ha indicado.
Para sustentar el reclamo, la Procuraduría Pública del Minam adjuntó los reportes de la OEFA que comprueban la compañía minera incumplió con los estándares del tratamiento de aguas ácidas, que han afectado la flora y fauna de las áreas comprometidas.
El juez Leónidas Rojas Equiapaza concluyó en la existencia de responsabilidad indubitable de Aruntani en la contaminación. Pero el magistrado no admitió el pedido de la Procuraduría del Minam, que se verá en otra instancia.
Por su parte, el OEFA, entidad encargada de la fiscalización de la unidad minera Florencia Tucari, ha dispuesto nuevas medidas administrativas a Aruntani para evitar descargas de aguas residuales sin tratamiento.
Los más afectados por la contaminación son las comunidades de Pachas, ubicadas en el distrito de Chojata (Sánchez Cerro, Moguegua), Titire y Aruntaya, en el distrito de San Cristóbal, (Mariscal Nieto, Moquegua). También la población de los distritos Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón (Islay, Arequipa). Los cristalinos ríos presentan aguas turbias, amarillentas y malolientes.
