IDL sobre cierre de investigación fiscal a Boluarte por muertes en protestas: "Sería desatinado"
Defensa de víctimas de las protestas sociales señalan que solicitud de la presidenta Dina Boluarte no procede porque se ha presentado la ampliación de la investigación contra la mandataria por los delitos de abuso de autoridad y tortura que aún permanecen sin diligencias.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha solicitado el archivamiento de la investigación que se le sigue por la muerte de 60 personas durante las protestas sociales de diciembre del año pasado y el primer trimestre del presente año, al considerar que no hay elementos en su contra. Por tanto, se ejecute el cierre de la investigación en el estado en que se encuentre el caso.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, recordó que según la interpretación del artículo 117 de la Constitución, la presidenta de la República solo puede ser investigada hasta la etapa preliminar. Si amerita una formalización de investigación preparatoria, la misma quedará en suspenso hasta que concluya su mandato.
Sin embargo, Boluarte está pidiendo el archivamiento sin esperar que concluya la investigación preliminar y que deben sacarla del caso porque no hay elementos contra ella, no hay sindicaciones, no hay documentos, y que no tiene mando ni comando.
Este pedido colisiona con la ampliación de la investigación por el delito de abuso de autoridad que aún no se ha investigado, ni se le ha tomado declaración a la mandataria. En Puno también existe un pedido de ampliación por delito de tortura. En la carpeta fiscal 277, Boluarte está investigada por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
“Tiene que investigarse todo. Mal haría la Fiscalía en archivar la investigación por los cinco delitos si no se ha investigado abuso de autoridad y otros delitos que se están ampliando. Sería una decisión prevaricante el hecho de que se pretenda emitir esa disposición de no continuar con la investigación preparatoria y archivarle el caso si es que no se ha investigado los delitos ampliados”, señaló el abogado de IDL.
Delito de tortura
David Velasco, letrado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), refirió que ha presentado una solicitud de ampliación de la investigación preliminar sobre el delito de tortura, de manera que Dina Boluarte tendría que ser notificada para responder por este nuevo hecho.
“Está pendiente, y tiene que resolver admitiendo a trámite y ordenando que amplíe la investigación al delito de tortura, porque por ahora solo se está investigando genocidio, asesinato y lesiones graves. Queremos que se incorpore un cuarto delito en la misma carpeta fiscal 277”, anotó David Velasco.
Mientras que el abogado César Quispe Calsín, quien junto con Wilmer Quiroz ve la totalidad de los casos de Macusani y Juliaca, en Puno, señaló que jurídicamente es imposible el cierre de la investigación contra Boluarte.
Mencionó que la solicitud de Dina Boluarte no prosperará en razón al derecho internacional del cual somos parte. Citó que el Perú está obligado a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que se debe investigar con minuciosidad y diligencia todo lo que ha pasado en el país durante las protestas sociales.
“Por este hecho, el Estado está obligado a que sean investigados no solo Dina Boluarte y Alberto Otárola, sino toda la cadena de mando y hasta los efectivos policiales. Entonces, todo eso tiene que investigarse, y con un escrito de 30 páginas que la señora Boluarte ha hecho, la Fiscalía definitivamente no puede darle razón”, estimó el abogado.
César Quispe acotó que en la carpeta 277, que investiga genocidio, asesinato y lesiones graves, han solicitado la incorporación del delito de tortura por el caso de Manuel Quilla Ticona, quien —dijo— fue sometido a este suplicio el 14 de marzo y falleció el 30 de ese mes.
