Exprocurador Antonio Maldonado afirmó que la ANIN es un cambio de nombre
Agregó que esta decisión no garantiza que existan medidas de prevención contra la corrupción y que el gobierno, más allá de compromisos verbales, no cuenta con una política integral en la lucha anticorrupción.
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El exprocurador Antonio Maldonado cuestionó que con la creación de la Nueva Autoridad de Infraestructura (ANIN) en reemplazo de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con cambios (ARCC) acaben los actos de corrupción en esta entidad, tal como lo anunció ayer el premier Alberto Otárola.
Maldonado dijo que no basta con el cambio de denominación de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios, al sostener que lo que este gobierno necesita es contar con una política pública en la lucha contra la corrupción o retomar las que ya existen.
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“Si no hay una política integral, holística dirigida a enfrentar un grave problema de corrupción que ha sido definida por la propia presidenta Dina Boluarte como un cáncer que corroe todo el Estado, entonces no entiendo qué garantías hay que con un cambio de nombre de una entidad sea suficiente para medidas de prevención de lucha contra la corrupción”, señaló Maldonado.
Indicó que tampoco se hace referencia a una evidencia sólida como, por ejemplo, informes de la Contraloría General de la República que indiquen la urgencia de un cambio de nombre de la referida institución y en qué sentido esa medida va a servir para implementar medidas de prevención de la corrupción.
“No aparece una evidencia sobre la cual se basa esta decisión de política de Estado, es decir, la evidencia sería un informe de la Contraloría General de la República que justifique esa medida”, subrayó.
Ayer, al concluir el Consejo de Ministros, el primer ministro Alberto Otárola informó sobre el fin de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el inicio de la Autoridad Nacional para la Infraestructura. Al referirse a esta última declaró que es “una entidad distinta, moderna y eficaz que cortará los caminos de la corrupción y el cordón umbilical que une a malos empresarios con malos funcionarios públicos que atentan contra el dinero del Estado y los impuestos de los peruanos”.
