Qué ayudó a electo gobernador de Tacna para fin de arresto

El juez Juan Portugal Vega declaró fundado el pedido de cesación de prisión preventiva del gobernador electo, Luis Ramón Torres Robledo, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de colusión y otros delitos. La victoria de Torres en las elecciones regionales fue vital para lograr su libertad tras casi dos años de encierro.

Luis Torres es investigado por la presunta venta irregular de terrenos de la Municipalidad Provincial de Tacna en su tercer periodo como alcalde (2015-2018). Él alega inocencia y dice es víctima de una persecución política.

En la resolución Nro.03 de fecha 26 de diciembre, el juez analizó los nuevos elementos de convicción presentados por la defensa de Torres. Entre ellos está el acta de proclamación de resultados de las autoridades electas en los comicios del 04 de octubre.

“Conforme postula la defensa técnica, esta nueva situación reforzaría el arraigo laboral del procesado dadas las características específicas del cargo (...) la función a cumplir por el procesado es de tiempo completo, que necesariamente se va a desempeñar dentro del ámbito geográfico de esta ciudad, que se trata de una función con mandato de cuatro años, esta nueva circunstancia en definitiva consolida el arraigo laboral”. dice el juez en su análisis.

Durante la audiencia del día 23 de diciembre, la Fiscalía sustentó que existía el peligro de obstaculización en la investigación que se seguía contra Torres.

La fiscal Diana Uscuchagua detalló que en el último allanamiento a la casa de Torres, de fecha 29 de noviembre de 2022, se dejó constancia que Torres borró la conversación del aplicativo Whatsapp con al persona de nombre Jhon Surco.

El juez advirtió que la Fiscalía no dio información sobre cuál era la relevancia o el desmedro para la investigación por lo hecho por Torres. Además el juez recuerda que el caso se inició el 26 de noviembre del año 2018, fecha desde la cual se han realizado varias diligencias.

“Habiendo transcurrido un plazo de investigación considerable en el tiempo- más de cuatro años - y que aún no concluye, el peligro de obstaculización primigenio va perdiendo gravedad.”, aseveró el juez.

Se estableció para Torres una caución económica de S/25,000 que deberá abonar en el plazo de cinco días hábiles después de ser notificado. Ayer Torres no realizó un pronunciamiento público sobre su nueva situación judicial.