Fiscal investiga a Giampietri por el supuesto cobro de sobornos

Fiscal investiga a Giampietri por el supuesto cobro de sobornos,Fiscal investiga a Giampietri por el supuesto cobro de sobornos,Fiscal investiga a Giampietri por el supuesto cobro de sobornos,"No recibimos ni un solo centavo", responde el vicealmirante. Caso involucra a otros cuatro almirantes sometidos a indagación por Zevallos Palomino.Por la compra de repuestos para misiles "OTOMAT' • "No recibimos ni un solo centavo", responde el vicealmirante. Caso involucra a otros cuatro almirantes sometidos a indagación por Zevallos Palomino. Ángel Páez. Unidad de Investigación. Las compras de repuestos para misiles que aprobó Giampietri. Haga click en la imagen para ampliar. El Ministerio Público abrió otro caso contra el vicealmirante en retiro Luis Giampietri Rojas, relacionado con su participación en la compra de armamento durante el gobierno de Alberto Fujimori. A la indagación que le sigue la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Marlene Berrú Marreros, ahora se ha sumado su colega Óscar Zevallos Palomino, quien se propone determinar si hubo delito en la suscripción de cuatro contratos de adquisición de repuestos de misiles Otomat. Las operaciones comerciales contaron con la aprobación de Giampietri, cuando se desempeñaba como presidente de la Junta de Adquisiciones de la Marina, en 1995. El fiscal Zevallos habla de supuesto cobro de sobornos. Afirma que el comandante general de la Marina, Alfredo Arnáiz Ambrosiani; el secretario general de la institución, Luis Jaureguy Sanguinetti; el director de Material de Guerra, Fernando D'Alessio Ipinza, y el jefe de Estado Mayor, Luis Giampietri, confabularon para la consumación de los contratos con Oto Melara. También señala que los directivos de la empresa italiana y sus representantes en Perú abonaron a los altos oficiales de la Marina "comisiones" por haber facilitado las adquisiciones de repuestos, que alcanzaron la suma de US$ 9.9 millones. Se trataría del 15 por ciento de "comisión" sobre el total de la venta. "No recibimos ni un solo centavo", sostuvo Luis Giampietri en declaraciones exclusivas a La República. Luego agregó: "Oto Melara es una empresa que presta servicios a la Marina desde hace muchos años, por lo tanto no necesitaba pagar 'comisiones' a ningún oficial. Por supuesto que aprobé las adquisiciones porque me correspondía como jefe de Estado Mayor y era una exigencia por la situación de tensión que vivíamos con Ecuador. Y lo hice en función de los informes técnicos. No fue una decisión individual. Además, la compra se hizo a la empresa fabricante de los misiles Oto Melara y en ningún caso a intermediarios. Los documentos así lo acreditan sin duda alguna". Pago de sobornos Sergio Siragusa actuó como asesor de Oto Melara en la venta de repuestos para misiles Otomat que hoy investiga el Ministerio Público. Siragusa es el mismo empresario que afirmó haber pagado un soborno a Alan García, una acusación que no pudo probar. El fiscal anticorrupción Zevallos, en la resolución con la que instruye iniciar la investigación a los almirantes Giampietri, Arnáiz, Jaureguy y D'Alessio, afirma que estos, "abusando de su cargo, habrían obligado o inducido a los representantes de la empresa Oto Melara a dar o prometer indebidamente para sí o para otros un beneficio patrimonial, materializándose en pagos de sobornos a oficiales de alta graduación de la Marina". Empero, Zevallos no menciona cómo y dónde se entregó el dinero de la presunta coima. Más bien, el fiscal anticorrupción señala como "agentes corruptores que habrían accedido a dicha pretensión (el pago de 'comisiones' solicitada por los oficiales)" a altos funcionarios de la compañía italiana, que también son parte de las pesquisas. El tiempo no olvida Menciona al presidente de Oto Melara, Pier Francesco Guarguaglini; al representante que firmó los cuatro contratos en Lima, Alessandro Chiarelli; así como a los asesores peruanos de la compañía en Lima, Sergio Siragusa y Ascención Cubas Muñoz. Irónicamente, el fiscal Zevallos se apoya en declaraciones que hizo el congresista aprista Jorge del Castillo Gálvez, en setiembre y octubre de 1996, para fundamentar la investigación del presunto pago de sobornos a los almirantes Giampietri –hoy congresista por el APRA–, Arnáiz, Jaureguy y D'Alessio. Refiriéndose a informaciones emitidas desde Roma por las agencias de noticias AFP y EFE, que daban cuenta que la fiscalía italiana ordenó la detención del presidente de Oto Melara por pago de sobornos en distintas operaciones comerciales, entre ellas una venta de armas en Perú –el caso se llamó "Tangentopolis II"–, Del Castillo reclamó una indagación para deslindar las responsabilidades de los oficiales de la Marina. Una vista de un conjunto de ocho lanzadores de misiles "Otomat" sobre la fragata BAP "Villavicencio". El legislador, además, señaló expresamente a Sergio Siragusa y Ascención Cubas Muñoz, representantes de Oto Melara en Lima, como cómplices de la supuesta operación ilícita. Del Castillo estaba especialmente interesado en el hecho porque Siragusa era el empresario que afirmó haber abonado una "comisión" a Alan García –por intermedio de Alfredo Zanatti Tavolara–, presuntamente por haber otorgado la construcción del tren eléctrico a la compañía italiana Tralima. Zanatti estaba casado con la hermana del vicealmirante Francisco Rabines Cardoso, quien, con Giampietri, formaba parte de la Junta de Adquisiciones. El Ministerio Público asumió las pesquisas, y aunque no llegó a determinar responsabilidades, mantuvo abierto el caso. Sin embargo, por su parte, la justicia italiana archivó el proceso contra el presidente de Oto Melara, Pier Francesco Guarguaglini, el 27 de junio de 1998. Marinos en su laberinto Lo hizo porque se acusaba a Guarguaglini de haber pagado sobornos a oficiales de la Marina peruana por la venta de misiles Otomat por US$ 7.9 millones, en 1994. Pero esa operación no se había llegado a cristalizar. "Tangentopolis II" no estaba relacionada con la adquisición de repuestos, que se produjo en 1995 con la participación de Giampietri. A pedido del Ministerio Público, recién el 22 de abril de 2002 recibió de la justicia italiana información sobre el caso "Tangentopolis II". Cuatro años después, el cinco de junio del año que pasó, el fiscal Víctor Villar asumió el caso. Antes de resolver abrir investigación contra los presuntos responsables, Villar dispuso el cumplimiento de cinco diligencias (entre ellas la traducción de los documentos judiciales italianos), y en esa tarea se encontraba cuando el expediente fue transferido al fiscal anticorrupción Óscar Zevallos. Socio. Asunción Cubas Muñoz. Y es Zevallos quien decidió someter a una indagación a los almirantes Giampietri, Arnáiz, Jaureguy y D'Alessio, sin tomar en cuenta lo indicado por Villar. "No hay un solo elemento nuevo en la resolución fiscal que ordena la investigación del caso", explicó Giampietri: "Se trata de un recuento de hechos públicos y no se incorpora ninguna prueba. Se están mezclando dos casos distintos. Nadie cobró sobornos. El 15 por ciento al que se refieren es lo que pagó Oto Melara a sus representantes en Lima.". "Si presentan alguna prueba de que recibí un solo centavo, me voy a la cárcel. Pero no hay. Este caso es injusto", dijo Giampietri. Ahora bien, Del Castillo no era el único aprista que sostenía que hubo corrupción en el caso de las compras a Oto Melara, en la que intervino Giampietri. Datos MODALIDAD. Las adquisiciones bajo investigación fueron aprobadas por una Junta de Adquisiciones compuesta por más de 30 oficiales de la Marina, bajo la presidencia del vicealmirante Luis Giampietri Rojas. No se trató de una decisión personal. EN CUESTIÓN. Los contratos investigados por el Ministerio Público se suscribieron el 23 de enero de 1995 (US$ 3.2 millones), el 24 de junio del mismo año (US$ 4 millones, más una addenda por US$ 2.3 millones) y otro más el 18 de octubre de 1995 (US$ 324 mil). Un caso que ya tiene más de una década El fiscal anticorrupción Óscar Zevallos resolvió investigar al comandante general de la Marina en 1995, Alfredo Arnáiz Ambrosiani; al secretario general de la Marina, Luis Jaureguy Sanguinetti; al director de Material, Fernando D'Alessio Ipinza; y al jefe de Estado Mayor y presidente de la Junta de Adquisiciones de la Marina, Luis Giampietri Rojas. En el caso de Giampietri, porque es el oficial que evaluó y aprobó las cuatro adquisiciones a Oto Melara; a Arnáiz, por haber dado el visto bueno al procedimiento de Giampietri; a D'Alessio, por haber suscrito el contrato con la compañía italiana. Y a Jaureguy, por haber permitido que el representante de Oto Melara, Alessandro Chiarelli, fuera recibido por el almirante Arnáiz en su despacho. El fiscal Óscar Zevallos también ha previsto obtener la declaración del congresista Jorge del Castillo para que ofrezca su versión sobre sus declaraciones incriminatorias en relación con el caso Oto Melara.

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