Caso Agro Rural: PJ abre juicio oral contra Marco Vinelli por presunta corrupción y Fiscalía pide más de 5 años de cárcel
El Poder Judicial admitió la acusación contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, por presuntos favorecimientos en una obra de S/23 millones en Huánuco.
La República en GoogleEl Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. El juez emitió la resolución tras validar la acusación del Ministerio Público, que solicita cinco años y cuatro meses de prisión efectiva contra el funcionario por el delito de negociación incompatible, al señalar un presunto interés indebido en los contratos del Estado. Además, la Fiscalía plantea cuatro años de cárcel por colusión simple por supuestos pactos ilícitos con los contratistas.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2015 y 2016, periodo en el que Vinelli se desempeñaba como director ejecutivo de Agro Rural. Según la acusación fiscal, el funcionario y otros 11 exdirectivos favorecieron a dos consorcios en la licitación y supervisión del proyecto de riego en el distrito de Tomaykichwa, en la provincia de Ambo (Huánuco), una obra valorizada en más de S/23 millones.
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La Fiscalía imputa a Vinelli haber otorgado ampliaciones de plazo e intervenciones económicas a favor de la empresa ejecutora, pese a que la obra se encontraba abandonada. Junto al pedido de cárcel, el requerimiento fiscal incluye una sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Comunicado del Ministerio Público
Mediante un comunicado difundido este viernes 30 de octubre, la Segunda Fiscalía Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ratificó que llevará a juicio a 13 acusados por este caso, lista que incluye a los exdirectores ejecutivos Álvaro Quiñe y Marco Vinelli, exjefes de diversas áreas de Agro Rural y al empresario Daniel Obregón.
La fiscal del caso, Diana Paico Guevara, detalló que el juzgado rechazó 16 pedidos presentados por las defensas para archivar la causa. Según el despacho fiscal, las irregularidades cometidas entre 2014 y 2015 generaron pagos indebidos por más de S/18,7 millones, entre los que figuran la aceptación de copias simples como cartas fianza y la aprobación de presupuestos extra tras la paralización de la obra.
Para sustentar la acusación en el juzgamiento, la Fiscalía presentará los informes de tres peritos de la Contraloría, las declaraciones de 10 testigos y 32 pruebas documentales, acompañadas de un expediente técnico de más de 4.500 páginas.
