Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

La Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima remitió un informe al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para que autorice abrir investigación preparatoria contra los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por el delito de abuso de autoridad. La defensa legal de Ollanta Humala denunció a los integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional al señala que el expresidente estuvo 17 días en prisión por lavado de activos sin tener una sentencia íntegra.

Según refieren, el tribunal ordenó la detención inmediata de Humala solo con la lectura del adelanto del fallo en su contra, el 15 de abril de 2025. Posteriormente, precisaron que la lectura de la sentencia íntegra se dio el 29 de abril, pero alertaron que el documento con las firmas de los magistrados recién fue notificado de manera formal el 2 de mayo.

“Emitir el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en el extremo de la imputación contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, en su condición de jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de abuso de autoridad, formulado por los denunciantes Ollanta Moisés Humala Tasso y Mario Julio Torres Aliaga”, dice el documento al que accedió La República.

La disposición emitida por la fiscal Lina Balvín Álvarez también señala que fue archivada la denuncia que la defensa de Humala presentó contra los jueces por los presuntos delitos de archivó los otros tres omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

Balvín Álvarez consideró que no hay elementos que sustenten una responsabilidad directa de los jueces.

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Se defiende

Ante la denuncia de abuso de autoridad, la jueza Nayko Coronado dijo que, tras culminar la lectura del adelanto de fallo, la defensa técnica de Humala no impugnó ni cuestionó la decisión de la prisión inmediata. Sobre la demora de la notificación de la sentencia, la magistrada explicó que el retraso en la firma y notificación no respondió a una omisión deliberada, sino a la complejidad de la sentencia, la cual consta de cerca de 600 folios con una estructura que incluye cuadros, gráficos e imágenes.

La jueza Juana Caballero afirmó que los hechos ilícitos denunciados en su contra carecen totalmente de sustento. En tanto, el juez Max Vengoa señaló que la técnica del “adelanto de fallo” es una práctica legal y que habilita la ejecución inmediata de la condena. Al igual que su colega Coronado, dijo que la demora de la notificación responde a la complejidad de la sentencia.

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Los jueces se defendieron alegando problemas técnicos y un feriado

Los tres magistrados atribuyeron la demora a dificultades informáticas para subir la sentencia al Sistema Integrado de Justicia (SIJ) del Poder Judicial. Según los descargos recogidos en la investigación, el documento sí fue cargado al sistema el 21 de abril de 2025, pero en los días siguientes se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la numeración de páginas, el desplazamiento de objetos y la aparición de espacios en blanco, que requirieron una edición y corrección formal antes de que este pueda firmarse.

Y a esto se sumó que la jueza Caballero no estaba en Lima, sino en un juzgado de Huaura, sin acceso a firma física ni digital hasta que se habilitaran los permisos correspondientes. También que el 1 de mayo fue feriado nacional y no hubo personal técnico disponible y que recién el 2 de mayo, día que era no laborable para el sector público, se autorizó que el personal fuera a la sede del Poder Judicial para concretar la firma.

Max Vengoa, el único de los tres jueces que no se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, sostuvo que la ley permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto de fallo en casos complejos, conforme al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y que ese plazo, aunque se extendió más del doble en este caso, no invalida la decisión adoptada oralmente el 15 de abril.

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Cabe señalar que el pedido de la Fiscalía Superior llega más de un mes después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala y dispuso que anule todo el proceso penal seguido en su contra por los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

No descartan pedir indemnización

En diálogo con La República, el abogado Edinson Huamán --representante judicial del expresidente Ollanta Humala-- señaló que además de las diligencias para el proceso penal contra los magistrados, se encuentra en camino también un pedido para solicitar una indemnización económica en favor del exmandatario y los afectados.

"Es un tema aparte. (…) Es un tema propiamente civil que está en trámite, en curso. Y se presentará contra el Estado y los jueces que están dentro del caso", sostuvo.