Más de 340,000 armas sin registro circulan en el país

La circulación de armamento ilegal se ubica como el factor estructural más determinante de la crisis de seguridad en Perú. Esto se debe a que de los 1.267 asesinatos registrados en el primer semestre del presente año, 997 se ejecutaron mediante disparos. Pero ¿de dónde viene el tráfico de armas que eleva la violencia en el país?

El uso de armas ilegales ya no es un elemento periférico del delito, sino el eje central de la violencia y los datos estadísticos confirman esta tendencia, afirman expertos consultados por La República.

 Según el exjefe de la División Antisecuestros, coronel PNP (r), Jorge Mejía Asanza, la correlación es inequívoca. "Si nosotros decimos que la cifra está en seis casos de homicidios diarios, la mayoría cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de contrabando de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural dentro del ámbito de violencia letal", sostiene Mejía.

PUEDES VER: Pataz: Minería ilegal y tráfico de armas operan bajo control de redes criminales organizadas

"El mercado negro de armas siempre ha existido, y, lamentablemente, hay muchos malos militares y policías que facilitan a las bandas criminales. Ese mercado negro se mueve en distintos puntos del país y en Lima. En las zonas de Las Malvinas y en Tacora, de una manera muy reservada, por ejemplo. Estas mafias tienen un compartimentaje muy bien estructurado para evitar que las autoridades lleguen a los cabecillas", indica Mejía, con marcada preocupación.

A esta descripción se debe agregar la falta de fiscalización en las divisiones de control de armamento en fuerzas armadas y policiales. No solo de armas sino de explosivos, como granadas de guerra, apunta el especialista.

Con las armas, las organizaciones imponen el control territorial, cometen asesinatos selectivos y desafían al Estado.

El aprovisionamiento de las estructuras criminales combina la vulnerabilidad de las fronteras físicas con la inyección de armamento industrial e internacional, indica el exjefe antisecuestros a La República.

Esto habilita otros negocios violentos, fortalece a las bandas de crimen organizado, aumenta su poder de fuego y su capacidad de enfrentar al Estado.

Homicidios por armas de fuego

En el Perú, se calcula que existe más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial que circulan activamente en el mercado negro o se encuentran en situación de ilegalidad.

Esta alarmante cifra, que se ha incrementado de forma sostenida frente a estimaciones de años anteriores, evidencia los graves problemas de control y el desvío de armamento hacia organizaciones criminales.

Este informe podría empezar de distintas maneras. Una es apelar a las cifras ya verificadas de esta tragedia. Durante la gestión de Keiko Fujimori (del 28 de julio al 16 de agosto) se registraron 110 asesinatos, de los cuales 84 fueron causados por bala.

Esta alta cifra refleja el impacto continuo del sicariato, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos agravados en el país. Con la actual mandataria el promedio de homicidios subió a seis diarios.

Las cifras son muy alarmantes.

Desde el primero de enero de 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la guerra criminal ha costado al país más de 13.875 vidas.

Una de las víctimas fue el mayor PNP Felipe Andrade Arroyo, quien fue asesinado el primero de marzo de 2017 con un balazo en la cabeza en el mercado Las Mercedarias, en Barrios Altos (Cercado de Lima), mientras perseguía a un delincuente prófugo.

Era conocido como El Cazador o El Sabueso por su destacada trayectoria e historial en la División de Homicidios de la Dirincri y como jefe de investigación criminal de la Comisaría de San Andrés.

El disparo fue efectuado por Paulo Sinchi Galarreta, alias El Mudo, integrante de la banda 'Los Malditos de Barrios Altos'.

Las armas de fuego, principalmente usadas por organizaciones criminales, causaron 379 (45,1%) homicidios de los 841 registrados en el periodo de Kuczynski; mientras que en la gestión de Martín Vizcarra ocasionaron el deceso de 1.349 (48,8%) personas de las 2.762 víctimas.

En el gobierno de Manuel Merino hubo 16 asesinatos y 6 (37,5%) de ellos fueron por bala. En la gestión de Francisco Sagasti murieron por bala 537 personas (57,8%) de los 915 casos registrados. En tanto que durante el régimen de Pedro Castillo, fueron 1.216 (58,2%) las personas víctimas por arma de fuego de las 2.091 asesinadas.

El crecimiento continuó con una tendencia de miedo durante la administración de Dina Boluarte. En este período murieron por bala 3.657 personas (67,1%) de las 5.452 víctimas de homicidios. Mientras que, en el gobierno de José Jerí, de los 753 crímenes, 537 (71,3%) fueron por arma de fuego.

En el período de José María Balcazar, 672 personas (71,3%) dejaron de existir por proyectiles, de los 943 casos registrados por el Sinadef.

¿Por qué no frenan los asesinatos?

Se puede empezar preguntando: si el incremento de los homicidios está asociado al crecimiento de uso de armas de fuego, ¿por qué no se detiene la proliferación ilegal de armas de fuego, muchas de alto calibre, en manos de asaltantes, secuestradores, extorsionadores, sicarios y homicidas? ¿Cuántas armas de fuego en posesión de civiles hay en el país?

PUEDES VER: Incautan 554 réplicas de armas de fuego que eran un riesgo potencial

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), cuenta con un registro histórico de unas 390.157 armas de fuego civiles en el Perú.

De este número mantiene un padrón activo y regularizado de aproximadamente 182.047 armas con licencia vigente, tras haber cancelado más de 200.000 licencias por motivos como decesos, falta de renovación o procesos judiciales. Son más de 182.995 registros dados de baja por no regularizar licencias y miles más por fallecimiento o reclusión de sus dueños.

Sin embargo, la Sucamec recuperó e ingresó a sus almacenes 5.290 armas de fuego irregulares o vinculadas a delitos solo entre enero y julio de 2026.

Además, canceló 21.801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil entre 2025 y enero de 2026, como parte de las acciones de control. Las armas más usadas son las pistolas Glock y CZ, revólveres Taurus y Smith Wesson, fusiles, carabinas, así como 'hechizas' y 'tramperas'.

Fusiles AR-15 son desviados a la minería ilegal y a Ecuador

Tienen presencia en la minería ilegal y son contrabandeadas hacia las organizaciones criminales en Ecuador.

 La situación pone a prueba la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, pero también exige de una respuesta de la Sucamec en el ámbito de fiscalización e identificación temprana de adquisiciones anómalas. Solo en el caso de los fusiles AR-15 la importación pasó de unas cuantas decenas a casi 2.000 desde 2021 “para uso deportivo”.