Congreso: plantean crear comisión investigadora por muertes de líderes indígenas y defensores ambientales
La diputada Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, presentó la moción para crear el grupo de trabajo. La propuesta busca establecer si el Estado respondió a tiempo ante amenazas y asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en distintas regiones del país.
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La diputada Giannina Avendaño presentó una moción para crear una comisión investigadora por las muertes de líderes indígenas y defensores ambientales en el Perú. La parlamentaria de Juntos por el Perú busca que la Cámara de Diputados revise los asesinatos, las amenazas y los casos de hostigamiento contra defensores de comunidades, territorios y derechos humanos en el país. La iniciativa también plantea evaluar la respuesta del Estado frente a estos hechos.
La comisión tendría un integrante por cada bancada del Congreso. El texto de la moción exige respetar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en su conformación. Su periodo de funciones cubriría el año legislativo 2026-2027, contado desde el momento de su instalación. La moción aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Diputados antes de convertirse en comisión formal.
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La diputada Jaqueline Tapullima, de la región San Martín, respaldó la iniciativa y mencionó el caso de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena asesinado en 2023. Según Tapullima, hubo amenazas y alertas previas al crimen que el Estado no atendió. La parlamentaria calificó la comisión como "un paso esencial para otorgar justicia" a las comunidades afectadas por este tipo de violencia en su región.
¿Qué investigará la comisión y con qué herramientas?
Avendaño explicó a La República que las responsabilidades que busca establecer la comisión investigadora recaen en general sobre el Estado, porque distintas entidades tienen competencia en la protección de defensores ambientales. La diputada citó como antecedente el Decreto Supremo 004-2021-JUS, la norma del Ministerio de Justicia que creó un mecanismo de protección para este grupo, tras la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso anterior.
La lista de víctimas que abordará la comisión todavía no está cerrada. Avendaño señaló que el grupo de trabajo irá construyendo esa relación durante la investigación. Además del caso de Quinto Inuma Alvarado, la parlamentaria mencionó los asesinatos de defensores del territorio ashaninka como parte de los hechos que la comisión debe revisar.
La parlamentaria aseguró que la participación de comunidades y familiares de víctimas estará garantizada por la composición regional de su bancada. Juntos por el Perú tiene representación mayoritaria de las regiones del país, según Avendaño, lo que la bancada usará como canal directo con organizaciones sociales y con los afectados por estos casos, en lugar de limitar el proceso a expertos o funcionarios en Lima.
Sobre las facultades del grupo de trabajo, la diputada precisó que una comisión investigadora puede citar tanto a funcionarios públicos y servidores del Estado como a entidades privadas. El objetivo, dijo, es reunir información sobre las acciones que tomaron las autoridades ante los conflictos territoriales que terminaron en violencia contra defensores ambientales.
Avendaño indicó que ya sostuvo conversaciones con otras bancadas de oposición y que existe coincidencia sobre la necesidad de mecanismos de protección para estas comunidades. La moción se presentó la semana pasada, según precisó, y su bancada espera respaldo cuando el texto llegue al pleno. La parlamentaria no detalló si hubo acercamientos con Fuerza Popular, bancada con mayoría en el actual Congreso.
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El antecedente del Acuerdo de Escazú
El Congreso peruano archivó el Acuerdo de Escazú en más de una ocasión desde 2020. Ese tratado regional, vigente desde 2021 para los países que lo ratificaron, establece estándares de protección más altos para defensores del ambiente y del territorio. Perú no forma parte de ese marco normativo, pese a las alertas de organismos internacionales sobre el riesgo que enfrentan estos líderes en el país.
Consultada sobre ese antecedente, Avendaño respondió que el tema "puede ser nuevamente abierto" desde la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores, instancia que rechazó el acuerdo en su momento. La diputada planteó ese debate como un espacio paralelo a la comisión investigadora, aunque no precisó qué gestiones concretas impulsará su bancada para reabrir esa discusión.
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La parlamentaria también respondió a quienes cuestionan la utilidad de crear un grupo nuevo, en lugar de fiscalizar desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ya existe. Avendaño argumentó que esa comisión ordinaria ahora reúne temas como inclusión social, mujer y familia, además de pueblos indígenas, lo que a su juicio reduce el tiempo disponible para profundizar en los casos de defensores ambientales.
Sobre las fallas del mecanismo de protección del Ministerio de Justicia, la diputada mencionó quejas por falta de presupuesto registradas hace más de un año, que incluso afectaron servicios básicos de la entidad encargada. Avendaño afirmó que organizaciones de derechos humanos solicitaron información sobre los avances de ese mecanismo y no obtuvieron respuesta, lo que interpretó como una señal de desatención estatal frente al problema.
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