Pedro Castillo: defensa de expresidente presenta nuevo pedido de gracia presidencial

La defensa legal de Pedro Castillo formalizó un nuevo pedido de gracia presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El documento, presentado el último viernes 10 de julio, invoca el artículo 118, inciso 21 de la Constitución y busca la libertad del expresidente por una vía distinta a la que su equipo legal había planteado en ocasiones anteriores. A diferencia de otros intentos, esta solicitud no se sustenta en motivos de salud ni en razones humanitarias.

El pedido corresponde, en términos legales, a una gracia común y no a un indulto, la figura que suele mencionarse con más frecuencia en el debate público. La diferencia importa: mientras el indulto extingue la pena tras una condena firme, la gracia común puede aplicarse a un procesado que aún no tiene sentencia, siempre que su situación cumpla ciertos requisitos legales. El equipo de Castillo argumenta justamente eso: que no existe una sentencia firme y consentida en su contra hasta la fecha.

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El núcleo del pedido gira en torno a los plazos de la prisión preventiva contra Castillo. Según el escrito presentado por la defensa, el plazo de investigación compleja, fijado en ocho meses y prorrogado por un periodo similar, venció el 11 de abril de 2024. Con un cálculo adicional, que duplica ese parámetro como criterio garantista, los abogados sostienen que el límite máximo de la reclusión se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Con esa base, piden al gobierno de Balcázar la conmutación de la medida y su posterior anulación.

Un informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU respaldó el argumento de la defensa. El documento internacional concluye que la detención de Castillo, ejecutada tras el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales. El documento describe ese mensaje como un acto de carácter simbólico, protegido por la libertad de expresión, y sostiene que no hubo una coordinación efectiva con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional para consumar el intento de disolución del Congreso. El proceso judicial contra el expresidente se encuentra actualmente en etapa de apelación ante la Corte Suprema.