Política

Dina Boluarte: agenda del exministro de Defensa confirmaría que el Gobierno creó una campaña de terruqueo en contra de manifestantes

Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, las anotaciones privadas del exministro Jorge Chávez Cresta apuntan a que el Gobierno de Dina Boluarte diseñó una estrategia para vincular a los manifestantes con el terrorismo y justificar así la represión militar y policial durante las protestas de 2022 y 2023.

Anotaciones confirmarían que el Gobierno organizó la narrativa de 'terruqueo' contra los manifestantes. Foto: composición de Ariana Espinoza/LR
Anotaciones confirmarían que el Gobierno organizó la narrativa de 'terruqueo' contra los manifestantes. Foto: composición de Ariana Espinoza/LR

Un secreto que se sabía a voces. Las agendas personales del exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, contienen una serie de apuntes, estrategias y decisiones tomadas durante las reuniones del Consejo Ministros realizadas en el contexto de las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En los escritos, se perfila la construcción de una narrativa oficial para vincular a los protestantes con el terrorismo, según lo reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

Chávez Cresta fue nombrado ministro de Defensa el 21 de diciembre de 2022, en pleno estallido social contra el régimen de Boluarte. En su agenda de 2023 anotó frases como "Narrativa / Terrorista comunista / protestantes" y "Bombardear el Perú / Tomar aeropuerto / Muertos en Puno", durante las reuniones con altos funcionarios del Ejecutivo, como la presidenta y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Roger Arista.

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En las agendas, también se dejó constancia que el Ejecutivo tenía conocimiento temprano de violaciones a los derechos humanos. El 6 de enero de 2023, Jorge Chávez Cresta escribió: “Informe de inspectores de Ayacucho. Conclusiones: Grave violación a los DDHH en la ciudad de Ayacucho. Responsabilidad penal y política”. Semanas antes, la represión policial dejó 10 muertos en esa región.

El 'terruqueo' como estrategia ante las protestas

El 2 de enero de 2023, el exministro anotó: “Reunión con la Sra. Presidente. Tema: estrategia para las manifestaciones pacíficas”. Ese mismo día, la Policía y el Ejército anunciaron una marcha a favor del Gobierno, que fue luego cancelada tras una ola de críticas. Aunque Boluarte negó estar enterada, las notas de Chávez sugieren lo contrario.

El 9 de enero, luego de la masacre en Juliaca que dejó 18 personas muertas, Chávez escribió: “Toma de aeropuerto. Juliaca. Peaje abandonado. Mesas de diálogo con las regiones. Marcha 14 de enero. 13 de enero”. Y el 22 de enero registró una reunión en Palacio con Dina Boluarte, Vicente Romero y Roger Arista. Al día siguiente escribió: “Narrativa / Terrorista Comunista / protestantes”.

“Esto demuestra que hubo una disposición desde los más altos mandos (...) había un discurso desde las altas autoridades de justificar el uso letal de la fuerza diciendo que las personas que protestaban eran terroristas”, dijo Gloria Cano, directora de Aprodeh. Por su parte, David Velazco, abogado de Fedepaz, sostuvo que “hasta ahora en ningún momento se ha acreditado” que los manifestantes estuvieran armados.

Los operativos policiales y narrativa con apoyo político

En sus notas del 27 de enero de 2023, Chávez Cresta registró: “Reforzar San Marcos - UNI / Fiscal de la Nación / UNMSM - 3 personas terrorismo. Sendero - Pro Sendero - Aeropuertos”, en referencia al ingreso de la Dircote a la Universidad San Marcos, que acabó con la detención de 193 personas. Un día después anotó: “Ofensiva - Política legal. Psicosocial. Toma de Lima. Fracasado (…) El Gral. Arriola quien dio la orden”.

La narrativa del 'terruqueo' también fue respaldada públicamente por aliados políticos y jurídicos del Gobierno. En su agenda del 20 de febrero de 2023, el exministro escribió: “Aliados - voceros Borea / Blume”. Ambos abogados defendieron la posición de Boluarte y calificaron las protestas como un intento de golpe de Estado.

“El Ejecutivo hablaba de infiltrados o personas vinculadas a organizaciones terroristas. Daban a entender que los que protestaban eran terroristas”, señaló al semanario David Velazco, abogado de las víctimas de Puno.

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